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              instalación de ascensor con personas mayores de 70 años
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Autor: carlosregistro00 Fecha: 24/08/2012
Tema: instalación de ascensor con personas mayores de 70 años
Buenos días,
Me pongo en contacto con ustedes porque estoy intentando buscar una solución al caso que tenemos en nuestro edificio. Intenté buscar una información que despeje todas las dudas pero no la encuentro.

Queremos instalar un ascensor en el edificio, hemos realizado tres reuniones de vecinos y el resultado es el siguiente:
- Somos 10 vecinos
- Existen 3 plantas, 4 vecinos en la primera planta, 4 en la segunda y 2 en la tercera.
- Viven al menos 4 personas mayores de 70 años, que están a favor de la instalación.
- No existen modificaciones estructurales ya que utilizaremos el propio hueco de las escaleras sin afectar a ninguna vivienda.
- Se plantea igualmente una rampa de escaleras que llevaría a nivel cero las barreras arquitectónicas, ya que existen 7 escaleras para acceder a la zona de ascensor.
- El importe total de ascensor y rampa no llega a 3500 euros por vecino.
- 6 viviendas están a favor y 4 en contra, por el quórum de participación no llegamos a las 3/5 partes, es decir el 60 por ciento, ya que el porcentaje real es del 58,9%
- Las 4 personas que están en contra no viven en el edificio, son de la primera planta y la única razón de estar en contra es la de no añadir gastos de comunidad en un edificio que no usan.

En la última reunión se realizó una votación con el resultado anteriormente establecido, (58,6%) de los votos a favor, el problema es que el secretario, (una empresa externa de administración de fincas), ha escrito en el libro de actas que la votación ha sido negativa porque no tenemos el quórum necesario de las 3/5 partes.
He intentado explicarle que en la ley de propiedad horizontal establece para el caso de supresión de barreras arquitectónicas la mayoría simple, pero no sé si es por desconocimiento o miedo a escribir algo incorrecto, me contesta que sí, pero que los acuerdos deben ser válidamente establecidos y después que tenemos el problema de que el importe no debe exceder las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Después de leer mil veces la ley de protección horizontal, incluyendo las últimas reformas mi conclusión es la siguiente:

Visto que existen personas mayores de 70 años viviendo en el edificio, que además están a favor de la instalación del ascensor, que la principal motivación es la supresión de barreras arquitectónicas, que no es necesaria ninguna obra que afecte a ninguna vivienda, que además tenemos la mayoría simple, entiendo que según la ley de protección horizontal la instalación debería ejecutarse y debería obligar a las otras 4 otras viviendas que están en contra a participar en los gastos.
Salvo si una o varios de estos vecinos que están en contra no llegasen a unos ingresos superiores a 2,5 veces el IPREM.




1. Estoy buscando alguien que me pueda corregir si me equivoco por una parte, pero si estoy en lo cierto si existe alguna forma escrita aparte de la propia ley, (jurisprudencia o cualquier otra forma, su opinión también me es muy válida), que confirme lo que he escrito para disipar toda duda y que la instalación se lleve a cabo.

2. ¿Qué significa en el art. 11.3 cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes?
Interpreto que es cuando la forma, convocatoria, votación y reunión es correcta, (cuota de participación: en la votación asistieron 9 de los 10 propietarios), los presupuestos fueron presentados debidamente y se inscribió el libro de registro, firmado por los asistentes).
¿Es necesario algo más para establecer que son obras de accesibilidad?
Porque el secretario, (empresa externa anteriormente citada), interpreta este articulo como que no es suficiente la votación, que no hay un acuerdo que no se puede llevar a cabo esta instalación y obligar a los 4 otros propietarios a pagar más de doce mensualidades.

Muchísimas gracias de antemano.


Autor: contadora Fecha: 24/08/2012
En cuanto viva en el edificio y lo pida una persona mayor de 70 años, se requiere mayoría de propietarios con mayoría de cuotas de participación. Es decir, que 6 propietarios que suman más del 50% de cuotas de participación son suficientes para aprobar el acuerdo, que obliga a todos los propietarios.
Otra cosa es que, POR UNANIMIDAD, se decida no incluír a los bajos, o incluso pagar por altura de la vivienda, pero, repito, tiene que ser POR UNANIMIDAD DE TODOS Y CADA UNO DE LOS 10 PROPIETARIOS.
Respecto a la rampa, si lo solicita una persona con problemas de movilidad y/o mayor de 70 años, y su coste no excede de 12 mensualidades de gastos comunes, la comunidad está obligada a realizar dicha obra, sin necesidad de votación alguna, y estando obligados a su pago todos los propietarios.

Autor: contadora Fecha: 24/08/2012
Puedes comprobar (y enseñárselo al ¿administrador?) lo que te indico en los artículos 10, 11 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal vigente, es decir, ya incorporada la modificación del 1 de agosto de 2011.

Autor: carlosregistro00 Fecha: 25/08/2012
Muchas gracias por tu respuesta.

Entonces, entiendo que en nuestro caso, la votación deberia ser favorable y la instalación del ascensor deberia ejecutarse de forma totalmente legal ?

Autor: contadora Fecha: 26/08/2012
Si, si se cumplen todos los requisitos que se indican en los artículos que te he citado, y que según lo que cuentas al principio, entiendo que sí se cumplen.

Autor: Trasguyo Fecha: 27/08/2012
-Se necesita mayoría y la tenéis, acuerdo aprobado, así lo dice el artículo 17.1 en su párrafo tercero.
-Se libra del pago, aquella Unidad Familiar que no llegue anualmente a la cantidad total o declarada en Hacienda de 18.637,85€.
Le paso esta página:
http://www.iprem.com.es/
-En el artículo 19.2f dice "los acuerdos adoptados, con indicación, en caso de que ello fuera relevante para la validez del acuerdo, de los nombres de los Propietarios que hubieren votado a favor y en contra de los mismos, así como de las cuotas de participación que, respectivamente, representen".
Su Administrador se saltó esto en el Acta, siendo el acuerdo de especial relevancia.
-En el artículo 19.3 párrafo tercero, le indica lo que tiene que hacer para subsanar el Acta, antes de la siguiente reunión, que deberá ratificar la subsanación.

El Administrador está equivocado en la interpretación de los artículos, están bien claros y tiene que ajustarse a ellos.
Que el Presidente le solicite la subsanación del Acta y posteriormente tienen que realizar otra reunión para ratificar la solución al error cometido por el Administrador.
A partir de ese momento, ustedes pueden ejecutar el acuerdo y llevar a cabo las obras para realizar la instalación del ascensor.

Un saludo

Autor: carlosregistro00 Fecha: 27/08/2012
Muchas gracias por la respuesta Trasguyo, es una muy buena noticia que me confirméis que estaba en lo cierto, sobre todo por las personas mayores que viven en el edificio.

Ahora intentaré transmitirlo y justificarlo al administrador.

Un saludo

Autor: DickTurpin Fecha: 28/08/2012
¿QUE DICE LA LEY?

Artículo 10.2. "Asimismo, la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las actuaciones y obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación cuando la unidad familiar a la que pertenezca alguno de los propietarios, que forman parte de la comunidad, tenga ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), excepto en el caso de que las subvenciones o ayudas públicas a las que esa unidad familiar pueda tener acceso impidan que el coste anual repercutido de las obras que le afecten, privativas o en los elementos comunes, supere el treinta y tres por ciento de sus ingresos anuales".

Artículo 11.3. "Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes".

COMENTARIO DE LA LEY.

Muchas veces no se sabe lo que realmente quiere el legislador y hace que las Leyes que nacen, en principio, para solucionar situaciones o problemas los creen o aumenten los existentes.

Así sucede con la Ley 26/2001, que reforma el art. 10.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, de tal manera que se rebajan las exigencias para acordar "las obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior", de modo que, hasta la reforma, el límite de gasto era de 3 mensualidades ordinarias y ahora se amplía hasta 12 meses. Es decir, parece que se quiere dar un impulso a esas obras o instalaciones necesarias para estas personas minusválidas y favorecer su realización.

Pues bien, el resultado no es positivo, más bien todo lo contrario, pues se incluye un segundo párrafo que crea una especie de derecho de veto, que tiene lugar en el momento en el que la unidad familiar a la que pertenezca alguno de los propietarios no tenga unos ingresos superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) (6.390,13 euros anuales en RD 30 diciembre 2011) y la repercusión de la derrama especial de la Comunidad supere el 33 % de sus ingresos anuales. Naturalmente, el propietario que haga constar esta situación deberá demostrarlo y también indicar que no tiene acceso a ayudas para la repercusión que le corresponda, pues creo que no es suficiente la mera manifestación. Pero el caso es que, acreditado lo anterior, no es que quede exento, sino que su situación se convierte en un impedimento total, de tal manera que la Comunidad no puede llevar a cabo el acuerdo adoptado por mayoría simple.

Y esta es otra de las inconsecuencias del tratamiento de los discapacitados o minusválidos en la Ley de Propiedad Horizontal, pues resulta que, si la decisión goza de mayoría del total de propietarios y cuotas (más del 50 % en cada caso), el acuerdo es totalmente válido, con independencia de su cuantía total y de los ingresos que tengan todos y cada uno de los propietarios de la Comunidad. Véase el art. 17, regla 1.ª, párrafo tercero, precepto que hace referencia expresa a: "sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley".

En definitiva, siendo muy habitual que exista oposición en cualquier Finca para este tipo de obras, especialmente las del ascensor, y haya en el inmueble una persona con la condición de minusválido (se debe tener en cuenta que así son considerados los mayores de 70 años a estos efectos) cuyos ingresos sean inferiores a 2,5 veces el IPREM, habrá que olvidarse del art. 10.2 de la Ley de Propiedad Horizontal y acudir casi siempre a la mayoría cualificada del art. 17, regla 1.ª, párrafo tercero, con lo cual (y este es el motivo del presente comentario) la reforma no es un avance a favor de los minusválidos, sino más bien todo lo contrario.

CONCLUSIÓN.

Me temo que su Administrador va a tener razón.

Autor: carlosregistro00 Fecha: 28/08/2012
Muchas gracias por este comentario DickTurpin.

Pero en nuestro caso, las personas que aparentemente puedan tener unos ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM están a favor de la instalación.

Por lo que, entiendo, que a menos que una de las 4 personas que están en contra pueda justificar que no dispone de dichos ingresos la instalación debería realizarse.

Si una de las 4 personas que están en contra, justifica que tiene unos ingresos inferiores al IMPREM. ¿Se podría instalar el ascensor igualmente, (ya que disponemos de la mayoría simple), dividiendo los gastos entre 9 en vez de 10 en nuestro caso?

Ya que entiendo, que únicamente quedaría exenta de pagar dicha unidad familiar que no tiene ingresos suficientes.

Autor: DickTurpin Fecha: 28/08/2012
En el caso que planteas, puede ser que así sea, pero te recomiendo que solicites aclaración a tu Administrador sobre el motivo por el que te ha dicho que no, ya que aparentemente su respuesta es correcta y quizá conozca información que te sea de utilidad. Lo que te quiero decir con esto es que presumo que tu administrador es competente ya que la respuesta es, en principio, correcta y deberías ampliar y aclarar con él los conceptos y no interpretar que se va a oponer a la propuesta por sistema. Eso se denomina CONFIANZA.

Respecto a la pregunta expresa que haces y que transcribo:

Si una de las 4 personas que están en contra, justifica que tiene unos ingresos inferiores al IMPREM. ¿Se podría instalar el ascensor igualmente, (ya que disponemos de la mayoría simple), dividiendo los gastos entre 9 en vez de 10 en nuestro caso?


LA RESPUESTA ES NEGATIVA.

Un saludo.

Autor: carlosregistro00 Fecha: 28/08/2012
Entiendo lo que dices y justo después de escribir el anterior mensaje, recordé el art. 10, punto 3, párrafo 2, con el derecho de veto con personas que tienen ingresos inferiores al 2,5% del IPREM.

Con respecto a la CONFIANZA con el administrador, creo no voy por el camino que piensas ya que lo que estoy buscando es información concreta para ayudar a nuestro administrador en este caso.
Existen empresas de administración de fincas que disponen de abogados en su plantilla, que les permite obtener la información de primera mano y existen otras empresas o autónomos dedicados a la administración de comunidades que si no se han encontrado con un caso como este, no disponen forzosamente de un acceso a la información y entiendo que existan dudas ya que puede interpretarse de diferentes formas.
Lo que intento evitar es que si no existen impedimentos legales como puedan ser, (personas con ingresos inferiores al 2,5% de IPREM), que por un error de interpretación de la LPH, se impida a personas mayores de 70 años con grandes dificultades para subir a su hogar, que se queden encerradas por miedo a no poder subir por las escaleras a su hogar.

De todas formas entiendo que en cualquiera de los casos la votación en el acta debería ser positiva ya que según el caso que he planteado en el inicio, la LPH exige únicamente la mayoría simple.

Y si en el caso de que una de las 4 personas que están en contra justifican posteriormente que tienen unos ingresos inferiores al 2,5% del IPREM, en ese caso la instalación no se llevaría a cabo.

Un saludo

Autor: Trasguyo Fecha: 29/08/2012
En ningún lugar de la LPH, da veto aquellos que no tengan los ingresos suficientes, para la realización de la instalación. No se requiere Unanimidad, que es a lo que viene a referirse el veto.
Es la mayoría, como así lo establece la Ley y aquél que no disponga de ingresos suficiente quedará exento, núnca podrá vetar el acuerdo, en primer lugar porque a él no le afecta, sino, que hay de las Jurisprudencias al respecto.

Un saludo

Autor: DickTurpin Fecha: 29/08/2012
Si que es una especie de veto porque al no poder aprobarse por mayoría simple habrá que acudir a las mayorías cualificadas establecidas en la ley para que la propuesta se apruebe. A eso me refería al hablar de veto.

En este caso el veto no es que imposibilite la obtención de un acuerdo, pero lo dificulta y si no se consigue la mayoría cualificada, impide que se aplique una myaoría simple. Y eso si que es un veto a la propuesta.


Y desde luego lo que critico es que si se supone que se pretende con la reforma amparar a los minusválidos, el tenor de la Ley está muy lejos de conseguir dicho propósito.


Saludos.

Autor: Trasguyo Fecha: 29/08/2012
No veo motivo para que esa especie de veto, modifique la Mayoría Simple y pase a ser Mayoría Cualificada.
El voto está emitido por las partes, llegando a una Mayoría Simple, como determina la Ley, otra cuestión es, entre cuantos tienen que realizar el abono de la instalación. El hecho de que haya Propietarios de los que votaron en contra y, no lleguen a los ingresos necesarios, no implica que se modifique lo acordado y cambie el tipo de mayoría, por lo menos en este caso referido a las barreras arquitectónicas.
Con respecto a las modificaciones de la Ley, estoy de acuerdo, algunas perjudican más que benefician.

Un saludo

Autor: carlosregistro00 Fecha: 29/08/2012
Estoy de acuerdo con Trasguto, desde mi humilde opinión lo que pretende el artículo 10.2 referente a 2,5 veces el IPREM es proteger a las personas con poco ingresos para que no se vean obligadas a pagar la instalación, ya que es más fácil llegar a una mayoría simple que a 3/5 partes.
Pero también entiendo que no afecta a la votación, ya que si se obtiene una mayoría simple como en este caso, todos salvo esa persona, (que se beneficia de esa clausula), deberían pagar la instalación.

Autor: carlosregistro00 Fecha: 29/08/2012
Si no les importa a todos los que han intervenido si me pueden confirmar el siguiente resumen en base al escenario planteado al inicio (dejando de lado que una de las 4 personas en contra dispongan de ingresos inferiores a 2,5 veces el IMPREM), para tener las cosas claras:
1. La votación debería ser favorable ya que en base al artículo del LPH 10.2 existen personas mayores de 70 años y se obtiene más de un 50% de los votos.
2. Además en base al artículo 11.3, si la votación se ha llevado a cabo según lo dispuesto en el artículo 17, todos los propietarios deben participar en el gasto de instalación del ascensor aunque los gastos sobrepasen las doce mensualides ordinarias.
3. Para corregir el acta de la votación el admnistrador deberá aplicar los estipulado en el articulo 19.3 parrafo tercero.
4. Convocar otra reunión para ratificar la solución del error.

Muchas gracias

P.D. Perdona Trasguyo por el error en tu nombre del mensaje anterior.

Autor: DickTurpin Fecha: 29/08/2012
Su interpretación es incorrecta si alguno de los afectados que votaron en contra tienen ingresos inferiores a 2,5 veces el IMPREM. Dejaría de aplicarse el criterio de la mayoría simple.

La interpretación que hago de la Ley es idéntica a la de numerosa doctrina científica.

Saludos.


Autor: heredom Fecha: 29/08/2012
Entendiendo todas las intervenciones una cosa parece clara. La cuestión parece sujeta a interpretación.

En ese sentido está claro que quien posee los conocimientos para efectuar una interpretación acorde a la Ley es dickturpin.

Los demás podemos tratar de opinar y ayudar pero si quien interviene es un profesional de la abogacía, lo suyo es hacerle caso, pues seguro que es el que mas sabe de esto.

Autor: carlosregistro00 Fecha: 29/08/2012
Muchas gracias por la respuesta DickTurpin.

Esta claro que si alguno de las 4 personas que está en contra la instalación se ve comprometida y posiblemente imposible.

Pero lo que me gustaría que me confirmara DickTurpin, es el escenario incial, sí en el caso que ninguno de las 4 personas que estan en contra tiene ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, entonces los pasos que anteriormente descritos son los correctos y la instalación debería efecturarse, ¿si o no?

Muchas gracias

Autor: DickTurpin Fecha: 29/08/2012
Aún partiendo de la base de que algunos comuneros tengan más de 70 años, con lo cual la Ley 15/1995 les otorga la condición de minusválidos, si la Comunidad no aprueba la instalación de ascensores por la mayoría del total de propietarios y cuotas, como exige el art. 17, regla 1.ª, párrafo tercero, de la Ley de Propiedad Horizontal, INTERPRETO que nada hay que hacer al respecto. Este acuerdo no será posible si hay diez propietarios y cuatro se niegan totalmente a dicha instalación; además, teniendo en cuenta los pocos comuneros que son, hay que descartar la obligación de instalar cuando el costo no excede de doce mensualidades ordinarias, a tenor del art. 10.2 de la misma LPH.

En definitiva, exceptuando que los seis interesados estén dispuestos a pagar de su cuenta la instalación, algo que igualmente contempla la citada Ley 15/1995, salvo que se obtenga mayoría cualificada (7 de los 10 propietarios existentes ya que 6 no llegan al 60 por 100) o que el coste fuera menor de doce meses de cuotas, no hay manera de obligar a la Comunidad para que instale y pague un ascensor.

Esas son las opciones que veo.

Saludos.

Autor: Trasguyo Fecha: 29/08/2012
DickTurpin.- Si es tal como dices, no entiendo al Legislador, por un lado se intentaba beneficiar estas situaciones y por el contrario las perjudica.
Vamos cada vez mejor con esta Ley.
Siento carlosregistro00 que su lucha sea en vano.

Un saludo

Autor: carlosregistro00 Fecha: 30/08/2012
Después de hacer la misma pregunta en varios sitios y diferentes personas, al final obtuve une respuesta bastante explicita.

En la modificación de la LPH, publicada en el BOE el 02/08/2011, se ha modificado el artículo 11.3, que parecía ir en contra del articulo 10.2 en el que parece nos hemos centrado todos, que dice lo siguiente:
"Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes."

Aquí la respuesta:
Las modificaciones introducidas en la LPH vía la Ley 26/2011, de 1 de agosto (BOE de 22 de agosto de 2011), de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, afectan a dos artículos: 10.2 y 11.3.

Se modifica el artículo 11.3 de la LPH, de tal forma que donde antes se indicaba que el importe venía referido a tres mensualidades, ahora se indica que es a doce.
La redacción dada a este artículo 11.3, en cuanto a que la comunidad queda obligada al pago de los gastos “aun cuando su importe exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes” puede parecer contradice lo que se indica en el art. 10.2, que indica que la comunidad vendrá obligada a las actuaciones y obras “cuyo importe total no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”. Esta aparente discordancia no es tal si tenemos en cuenta que lo que se establece en el artículo 10 es la obligación de la comunidad en todo caso, sin necesidad de acuerdo alguno, de acometer las obras o actuaciones a requerimiento de cualquier propietario que acredite la existencia de discapacitados en la forma que se señala, y en el artículo 11 lo es únicamente en el supuesto de acuerdo válidamente adoptado, que deberá serlo de conformidad con los requisitos y mayorías del art. 17 de la LPH. Es decir, si hay acuerdo, el límite de las doce mensualidades no se aplica.

Por lo que entiendo que esta respuesta debería aprobar la instalación del ascensor en nuestro caso.

Muchas gracias a todos

Un saludo

Autor: Trasguyo Fecha: 30/08/2012
Me parece razonable y razonada la respuesta que le han dado, yo también lo entiendo así.

Un saludo

Autor: carlosregistro00 Fecha: 30/08/2012
Aproveché para hacer otra pregunta y disipar las dudas...

Una persona con ingresos inferiores al 2,5 del IPREM puede vetar la supresión de barreras arquitectonicas, si existen un acuerdo de mayoría simple según lo establecido en el art. 17.

En absoluto, ya que la intención del legislador queda clara limitando esta opción tan solo a la vía del art. 10.2 LPH para cuyo caso no se exige acuerdo, sino legitimación en la petición, concurrencia del coste de la obra hasta 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes y que el comunero tenga ese límite de ingresos, pero no que con este límite de ingresos sea factible llevar a cabo este veto.

Autor: DickTurpin Fecha: 30/08/2012
A mí me parece que esa respuesta no le legitima.

Todos los Magistrados que conozco dan la misma respuesta que le he dado yo.

Además la respuesta es incorrecta en el sentido que sostiene que el supuesto del art. 11 se aplica únicamente cuando hay acuerdo válidamente adoptado con los requisitos y mayorías del art. 17 de la LPH, puesto que es precisamente al contrario. Cuando concurren las mayorías del art. 17 no se aplica el 11.

Trasguyo. Ya que te gusta V. Magro te diré que es de la misma opinión que yo. Por eso critiqué en mi intervención al legislador.

Autor: carlosregistro00 Fecha: 31/08/2012
DickTurpin, no pretendo hacerle cambiar de idea al respecto, pero:

1. He consultado unos 5 letrados diferentes y todos me han confirmado lo que he publicado anteriormente.

2. He pasado muchas horas buscando información en internet posterior a la reforma efectuada en la LPH en agosto 2011. Y no he encontrado ningún articulo contrario a lo que he publicado anteriormente. Podria poner multiples enlaces pero me quedo con uno en concreto.
Publicado por Vicente Magro Servet, doctor en derecho y Presidente de la Audiencia Nacional de Alicante, en el cual explica en detalle cada caso que se ha planteado en este foro.
No sé que nivel de legitimación se le puede acordar porque no soy profesional.

http://www.elderecho.com/civil/Interpretacion-derecho-accesibilidad-Ley-Discapacidad_11_328930002.html

Lo que es inquietante para las personas ajenas al derecho, como es mi caso, constatar que los propios profesionales del derecho tengan interpretaciones contradictorias al respecto de una simple ley como es la LPH. Por lo que entiendo perfectamente que administradores de fincas, etc... tengan miedo de tomar decisiones y se limiten en todos los casos a obtener una votación favorable de las 3/5 partes para evitar errores, aún que puedan existir otras vias.

Muchas gracias

Un saludo


Autor: Trasguyo Fecha: 01/09/2012
Bueno, parece ser que Vicente Magro es de la opinión de carlosregistro00 y además cita 3 Sentencias que lo avalan.
carlosregistro00.- en el derecho es todo interpretable y como consecuencia de ello, el resultado puede ser variopinto, así como las Sentencias sobre un mismo tema.
Estoy de acuerdo en lo que expones, siempre lo ví así, desde el análisis lógico del articulado de la LPH.
Espero que su Administrador lo tenga más claro y suerte.

Un saludo

Autor: DickTurpin Fecha: 01/09/2012
Yo no trato de imponer mi criterio. Me limito a contestar lo que opino.De todos modos es evidente que no habéis entendido el artículo de Vicente Magro porque no sostiene lo que decís, sino lo que yo digo. Simplemente hay que leerlo correctamente.


Por otra parte hace mención a una posibilidad al albur de la ley de 1995, si bien yo jamás la he mencionado porque tenía claro que la pretensión de Carlos es otra.

V. Magro es Presidente de la AP Alicante (O sea, un Magistrado con aproximadamente 27 años de experiencia - le calculo) y yo soy Abogado en ejercicio de la misma ciudad - Alicante (conozco personalmente y he hablado con V. Magro) con más de 20 años de ejercicio (no digo el número exacto para no dar pistas sobre mi identidad).

Sigo sin ver tu criterio Carlos.

Un saludo.

Autor: DickTurpin Fecha: 01/09/2012
En referencia a la cuestión que nos ocupa Vicente Magro dice lo siguiente:

"Pero lo que se deduce de esta redacción literal no es que la ley a esta familia no le obliga a pagar la cuota si no supera los 15000 euros en función de la subvención a recibir y de la cuantía a pagar, sino que no se podrá aplicar el apartado primero del art. 10 LPH, ya que no dice la reforma que no se le cargue a este comunero la derrama, sino que el apartado primero no se aplica sin más. Esto es muy importante, porque la reforma podría haber interpretado que en los casos de pobreza el comunero y su unidad familiar no estuvieran obligados a pagar su parte de derrama. Pero no ha sido así, sino que lo que hace es instaurar un derecho de veto, que no de exención de pago, para impedir que como tal la obra de accesibilidad no pueda llevarse a cabo".


Y más adelante sigue diciendo:

"Con ello, la cuestión es que ¿puede llegar a ser ineficaz la reforma? ... En efecto, que puede serlo".

Creo que está clara su posición ¿no? Leer bien, por favor.

Autor: carlosregistro00 Fecha: 02/09/2012
DickTurpin, creo que definitivamente algo falla en nuestra comunicación y creo que la interpretación de cada uno difiere totalmente del otro y le aseguro que no soy el unico en pensarlo.

Mi unica intención es la de poder dar a unas personas mayores de 70 años la posibilidad de instalar un ascensor en un edificio aplicando la LPH, con una mayoria simple aplicando el articulo 17 para facilitarles la vida. (en ningún momento he planteado otra cosa).

Me está diciendo que el señor Vicente Magro Servet, está diciendo con esta frase que con la mayoria simple no se puede realizar una instalación de ascensor si viven personas mayores de 70 años con el fin de eliminar barreras arquitectonicas?:

Recupero la frase completa a ver si sigo sin leer bien...

"En efecto, que puede serlo. Si se ejerce el veto de nada vale la reforma, ya que no es que no tenga que pagar la derrama, sino que veta que se ejecute la obra según la propia literalidad de la norma.

Por ello, hay que irse, si se ejerce el veto, al art. 17. Y ahí, si la decisión goza de mayoría del total de propietarios y cuotas (más del 50 % en cada caso), el acuerdo es totalmente válido, con independencia de su cuantía total y de los ingresos que tengan todos y cada uno de los propietarios de la comunidad."

Es decir, en el supuesto que haya veto en un propuesta realizada por un propietario para la instalación de cualquier elemento que elimine barreras arquitectonicas, para poder realizarla debería ir a votación y conseguir la mayoría simple según el artículo 17.
Y si la votación es favorable con la mayoría simple, (mas del 50%, en nuestro caso 58,6%), el acuerdo es totalmente válido, con independencia de su cuantía total y de los ingresos que tengan todos y cada uno de los propietarios de la comunidad.

Nuestro caso es simple.

1. Viven personas mayores de 70 años
2. Votación aceptada con mayoría simple

Me esta diciendo que el señor Vicente Almagro está diciendo que en nuestro caso no es factible realizar la instalación porque existe veto o que la votación por mayoría simple no es suficiente?

Y si fueramos mas lejos, en el supuesto que una de las 4 personas que estan en contra tuviera ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, me esta diciendo que con una votación simple, el señor Vicente Almagro está diciendo que vetaría el acuerdo ?

Con ello no se me ocurre en ningun momento poner en duda su profesionalidad, ni su experiencia por eso no acabo de entender que está fallando en la interpretación porque el documento del señor Vicente Magro me parece tan claro que no me ofrece dudas y ni la minima posibilidad de entender otra cosa.

Un saludo


Autor: carlosregistro00 Fecha: 02/09/2012
Como añadido, copio igualmente lo que expone en su artículo el señor Vicente Magro Servet, que es exactamente nuestro caso:

B) Demanda de instalar ascensor por personas discapacitadas (incluidos mayores de 70 años)

1.- La mayoría exigida es la simple (más del 50%). pero, al igual que en caso anterior, no de los presentes y representados en la junta, sino de la totalidad de propietarios y cuotas de participación del inmueble en su conjunto.

2.- Con la misma regla de sumar como favorables los votos de los ausentes que no se opongan en 30 días.

3.- Aprobado el acuerdo, es vinculante para todos los propietarios; y todos deben sufragar su instalación, salvados supuestos de exoneración expresamente contemplados en el régimen fundacional de la propiedad horizontal

Es vinculante para todos y todos deben sufragar su instalación.

Autor: DickTurpin Fecha: 03/09/2012
1º.- Lo que usted pretende lo había entendido.

2º.- El Sr. Magro dice exactamente lo que yo le he dicho. No se trata de interpretación sino de que usted está utilizando unos comentarios referidos a otro supuesto para aplicarlos al que le conviene. Si se fija, el artículo del Sr. Magro hace mención SEPARADA del tema del ascensor y lo hace por algo. En ese contexto la conclusión difiere de la que usted expone y es que el tratamiento jurídico no es el mismo.

3º.- Ya le dije en su día que su Administrador ACIERTA en su interpretación.

Autor: heredom Fecha: 03/09/2012
Debe ser el pan nuestro de cada día ¿no, dick? El profesional es usted y los demás se permiten el lujo de discrepar y discutir sus interpretaciones que para eso saben/sabemos mas derecho que usted. En este pais somos asi. Por eso no estudie derecho ¿Para que? No lo necesito. Ya interpreto yo solito sin ayuda de nadie.

Autor: contadora Fecha: 03/09/2012
P9or si mi opinión sirve de algo...
La modificación de la LPH de 1 de agosto de 2011 contempla dos situaciones distintas cuando hay minusválidos o mayores de 70 años en el edificio. 1ª Si las obras o instalaciones destinadas a suprimir las barreras arquitectónicas no superan el importe de los gastos comunes de 12 mensualidades, la comunidad está obligada a realizarlas (sin ningún tipo de votación) y estarán exentos de su pago los propietarios cuyos ingresos no superen 2,5 veces el IPREM.
2ª Si dichas obras o instalaciones superan las 12 mensualidades de gastos comunes (como sería la instalación del ascensor), se requiere votación favorable de propietarios que superen el 50% de las cuotas de participación (no mayoría simple de asistentes), estando obligada la comunidad a su pago, sin exención por ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM.

Autor: heredom Fecha: 03/09/2012
He estado con mi hermano (abogado) y si sirve de algo me ha dicho lo siguiente:

Comparte la opinión de dickturpin.

Los de SEPIN hacen identica interpretacion de la ley que dickturpin.

Lo que me sorprende es esta discusion.

Lo que he creido entender es que dick dice que carlos no puede hacer nada atendiendo a las circunstancias y critica la actuacion del legislador en este tema al haber regulado incorrectamente (a su juicio) una situación que merecia mayor proteccion, claridad y simplicidad.

Autor: carlosregistro00 Fecha: 04/09/2012
Señor DickTurpin, despues de leer y releer tanto articulos, respuestas y estos posts, me extrañaba su respuesta y (salvo error), creo haber encontrado el problema que radica en lo que he escrito en el inicio del post, (en la propia pregunta), ya que puede inducir a error las cuotas de participación.
Por eso voy intentar resumir de nuevo la pregunta planteada:

1. Existen 10 propietarios, cada uno con su cuota de propiedad establecida.
2. Se han realizado dos reuniones previas para comunicación de presupuestos y gastos.
3. Se ha convocado a todo el mundo para la votación.
4. En la votación han asistido 9 de los 10 propietarios, que conforman un total del 92% de las cuotas de participacion del edificio.
5. El resultado ha sido de 6 a favor, 3 en contra y 1 no asistente a la votación pero con intención de voto negatigo.
6. Entre los 6 a favor suman un total de 58,6% de las cuotas de participacion del edificio.
7. Es decir la votación es favorable de las 3/5 partes de propietarios, pero no se llega al 60% de la cuota de participacion del edificio, ya que falta un 1,6%.
8. Por lo que al no llegar a una votación con mayoría doble de las 3/5 partes se ha decidido dar la votación como desfavorable a la instalación del ascensor.

Mi pregunta desde el inicio ha sido esta o al menos es la que he querdio plantear:

Ya que existen 3 propietarios que son mayores de 70 años que han votado a favor, que además tenemos no solamente una mayoría de los propietarios, (6 de 10) si no también una mayoria de las cuotas de participación del edificio, (58,6% frente a 41,4%) y que en la votación han asistido 9 de 10 propietarios representado el 92% de las cuotas de participación del edificio.

Podemos cambiar el resultado de la votación amparandonos en el articulo 17 con la finalidad de suprimir las barreras arquitectonicas y obligar a todos los comuneros pagar las obras del ascensor incluso cuando superen un importe superior a 12 mensualidades ?

En caso de ser favorable cual sería el procedimiento. (entiendo que el que habia planteado Trasguyo)

Si la respuesta es negativa definitivamente no sé para que sirve este articulo.

Un saludo

Autor: DickTurpin Fecha: 05/09/2012
La respuesta a su pregunta es negativa Carlos. Por eso, como bien dice heredom, critiqué el artículo de la LPH porque presumo que la modificación legislativa iba a dar luz a este tipo de situaciones absurdas y sin embargo, no proporciona solución alguna, o cuando menos no se consigue el resultado que se presume pretendía la reforma.


De todos modos le diré algo:


Usted dice que el 10º propietario tiene intención de votar en contra. Sin embargo, aquí entra en juego el "voto presunto" dispuesto en la LPH al requerir el acuerdo una mayoría de 3/5 partes.

Intención y hacer, no son términos sinónimos de modo que si en el plazo de 30 días naturales contados a partir de la recepción del acta dicho propietario no hiciera constar su discrepancia, se presumiría que votó a favor y no en contra del acuerdo porque en las votaciones en junta sí se obtuvo esa doble mayoría de 3/5 partes (6 propietarios de 9 votaron a favor y tienen más de 3/5 partes del coeficiente).


Quizá sea ese el camino a seguir, aunque yo de usted lo consultaría con un Abogado de su zona para que tenga la posibilidad de hacer un examen documental no sea que estemos dando respuestas estériles e incorrectas.


Autor: carlosregistro00 Fecha: 05/09/2012
Gracias por la respuesta.
La persona informó al administrador via oral que no deseaba instalar el ascensor, con lo cual descarto entrar por esa via.

Por otro lado veo que por esa regla de tres, no veo ningún caso en el que sea posible utilizar el articulo 17 de mayoria simple.

Puesto que si la derrama no excede 12 mensualidades ya existe el articulo 10.2.

Pues siendo así, existen cientos de paginas que deberian revisar la información publicada y una cierta cantidad de profesionales del derecho que deberian ser informados correctamente.
Porque o es una interpretacion de la ley u otra, pero las dos no pueden ser !


Autor: contadora Fecha: 05/09/2012
CARLOS: Las dos únicas modificaciones que introduce la reforma del 1 de agosto de 2011 son:
1ª Eleva de 3 a 12 meses de recibos comunes el importe de las obras de eliminación de barreras que la comunidad debe emprender y pagar, sin necesitar ninguna votación.
2ª Exime de tal pago a los propietarios cuyas rentas sean inferiores a 2,5 veces el IPREM.

Los requisitos para aprobar la instalación del ascensor siguen siendo las mismas:
A/ Mayoría de 3/5 si no hay mayores de 70 años ni minusválidos.
B/ Mayoría de votos y cuotas de participación del total de propietarios si existen mayores de 70 años o minusválidos.

Por tanto, en tu caso, estando a favor 6 de 10 vecinos que representan el 58,9% de las cuotas de participación, SE PUEDE CONSIDERAR APROBADA LA INSTALACION DEL ASCENSOR.

No deseo especular sobre si la ley es justa o injusta (que algún local o piso bajo esté obligado a pagar el ascensor, que no va a utilizar, que le va a suponer un coste adicional mensual, que se encuentra en paro y/o pagando una hipoteca...) o si algunos jueces o magistrados dictan sentencias distintas en base a su "discrecionalidad" a la hora de interpretar las leyes, simplemente reflejo lo que "literalmente" dice la Ley.

P.D. Por mayoría simple se entiende más de la mitad de los asistentes, y en este caso se exige más de la mitad de los propietarios (asistentes o ausentes).
El hecho de que el propietario ausente vote a favor o en contra, no altera el resultado de la votación.

Autor: carlosregistro00 Fecha: 05/09/2012
Contadora, entiendo que usted al igual que DickTurpin y Trasguyo es abogada.

He leido muchos foros al respecto de este tema y en varios de ellos aparecia usted, con lo cual le agradezco y mucho su opinión.

Aunque todo parece afirmar, foros, blogs, opiniones de abogados, (no solamente ustedes), que debería ejecutarse la instalación del ascensor, me preocupa que DickTurpin tenga esa opinión contradictoria al respecto porque parece seguro de sí mismo y tengo miedo de que se me escape algún detalle.

Existen alguna sentencia o jurisprudencia que confirme que obteniendo una mayoria, (mayoria de asistentes, mayoria de de propietarios, mayoria de cuotas de participación), obligue a todos los propietarios a pagar el ascensor aunque sea superior a 12 mensualidades aplicando este caso, "eliminar las barreras arquitectonicas", en el que propietarios votando a favor sean mayores de 70 años ?

Muchas gracias de antemano

Autor: Trasguyo Fecha: 06/09/2012
carlosregistro00.- No soy Abogado, simplemente me interesa esta Ley que nos afecta a todos y, para mí, es un modo de desconexión al tipo de trabajo que realizo.
heredom.- No es un lujo nuestras manifestaciones ni estamos discutiendo ni sabemos más que nadie, es más sencillo, estamos debatiendo sobre un punto, con exposiciones razonadas por ámbas partes y esto no significa querer saber más que un Abogado.
De hecho, puede darse cuenta que carlosregistro00 presenta la opinión de 5 Abogados que no están de acuerdo con DickTurpin, al igual le puedo decir, que 3 Letrados amigos, según su opinión, el párrafo del IPREM, para nada modifica las mayorías que determina el artículo 17.1.
Para ser más claro, no valoran que haya veto de ningún tipo y como consecuencia de esto que le digo, expongo la Sentencia del Tribunal Supremo de 07-11-2011, donde prima por encima de todo el artículo 17, cuyos acuerdos adoptados no modifican las mayorías que en cada caso sean necesarias:

Sentencia del Tribunal Supremo, 07-11-2011
Extracto

"TERCERO. - Propiedad horizontal. Los acuerdos que se hallen directamente asociados al acuerdo de instalación del ascensor, aunque comporten modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requieren la misma mayoría que la Ley de Propiedad Horizontal exige para tal acuerdo.

A) Esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la interpretación y alcance del artículo 17.1 LPH en las sentencias de 18 de diciembre de 2008 [RC 2469/2003 y RC 880/2004 ], y de 13 de septiembre de 2010 [RC 2029/2006], cuyos razonamientos son de plena aplicación al caso que nos ocupa, superando por tanto la doctrina contrapuesta, que sobre dicha cuestión jurídica, mantenían las Audiencias Provinciales. En la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2008 [RC 880/2004], acreditada la presencia de vecinos minusválidos en la finca, en el marco de la instalación de un ascensor ex novo en la comunidad, se estableció que « a tenor del artículo 17 será suficiente la simple mayoría para la supresión de las "barreras arquitectónicas", que dificulten el acceso y la movilidad de las personas con minusvalía; esta regla permite a la Comunidad imponer esa servidumbre [ocupación de parte de un local privativo para la instalación del ascensor] para la creación de servicios de interés general y cuando el acuerdo de la Junta reúna los presupuestos legales, con el oportuno resarcimiento de daños y perjuicios » . Por tanto, en ella se exige el mismo régimen de mayorías previsto en el artículo 17 LPH para la adopción de aquellos acuerdos que se deriven necesariamente de la instalación del ascensor, incluido el resarcimiento del daño que la imposición de una servidumbre en un elemento privativo pueda acarrear a alguno de los propietarios.

Asimismo la sentencia de 13 de septiembre de 2010 [RC 2029/2006], en aplicación de la anterior doctrina, estableció que: «...no puede exigirse a tal acuerdo otra mayoría que la establecida en la Ley para la instalación del ascensor, o sea, la mayoría simple al haberse acreditado la presencia de vecinos minusválidos en la finca, al ser consecuencia directa del acuerdo y por constituir la permuta un negocio jurídico de resarcimiento del daño causado por la servidumbre impuesta».

En definitiva, para la adopción de los acuerdos que se hallen directamente asociados al acuerdo de instalación del ascensor, aunque impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, se exige la misma mayoría que la Ley de Propiedad Horizontal exige para tal acuerdo. No obstante, la aplicación de esta jurisprudencia, no permite que los acuerdos adoptados en esta materia puedan ser alterados con posterioridad, cuando se vea afectado el título constitutivo o estatutos de la comunidad, por mayoría simple sino por unanimidad, tal y como se declara en sentencia dictada por esta Sala [RC n.º 2207/2009]".

Este punto que estamos tratando aquí, va provocar alguna que otra Sentencia, estoy seguro y, más seguro aún, que sea favorable a las personas mayores de 70 años o minusválidos. En resumidas cuentas es el espíritu de la LPH.
Tampoco considero que el TS, por el párrafo del IPREM, modifique su línea a este respecto.
El artículo 10 sufrió 2 modificaciones, como cita Contadora, esto no sirve para modificar el artículo 17.1 que és el que prevalece.

Un saludo

Autor: DickTurpin Fecha: 06/09/2012
Necesito algo de tiempo para consultar jurisprudencia sobre el particular.

Carlos ¿Qué Audiencia Provincial tendría que resolver el tema en su caso?

Autor: Trasguyo Fecha: 06/09/2012
Expongo este artículo:
El siguiente artículo, cuyo autor es Jesús Pérez García (Abogado y
Miembro de Honor del Colegio de Administradores de Fincas de Granada.
3.- Acuerdo comunitario
Cuando las obras de adecuación deban ser autorizadas o denegadas por una comunidad de propietarios,lo expuesto en el apartado anterior hay que complementarlo con lo establecido en el párrafo 3º y siguientes de la norma lª del art. 17 de
la Ley de Propiedad Horizontal (redactado por la Ley 8/1999), que ampara la realización de obras o el
establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con minusvalía, incluso cuando impliquen la
modificación del título constitutivo o de los estatutos.
En estos supuestos se requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación; y a los efectos establecidos en el párrafo anterior (continúa diciendo el párrafo 4º), se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la junta debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el
artículo 9 de la LPH.
Por último, el párrafo 5º declara que los acuerdos
válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma (entre ellos los adoptados conforme a los párrafos 3º y 4º) obligan a todos los propietarios; y la aplicación de este precepto legal ha planteado dudas
en su interpretación, después de la redacción que la D.A. 3ª de la Ley 51/003, de 2 de diciembre, ha dado a los arts. 10 y 11 y a la norma 1ª del art. 17 de la LPH.
Actualmente, el párrafo 3º de la norma 1ª del art. 17 dispone que la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la “supresión de barreras arquitectónicas” requerirá el voto favorable de la mayoría de propietarios y cuotas,“sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de esta Ley”; y por otra parte, el art. 10.2 obliga a la comunidad a realizar, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años, obras de “accesibilidad”, cuyo importe total “no exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes”, y el art. 11.3 dispone que, cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de “accesibilidad”, la comunidad quedará
obligada al pago de los gastos aun cuando su importe “exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes”. La aparente contradicción de estos textos legales (en un caso el propietario puede eludir el pago,
si el importe de las obras excede de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, y el otro tienen que contribuir todos los propietarios) ha dado origen a sentencias contradictorias de las Audiencias
Provinciales interpretando estos preceptos legales. La cuestión la aclara una STS de 18 de diciembre de 2008 (RJ 158/09), que establece doctrina jurisprudencial a través de un recurso de interés casacional, relacionado con la instalación de un ascensor en un edificio comunitario. En ella razona que “dicha cuestión ha sido objeto del artículo 17, regla 1ª, en virtud de la Ley 8/1999, a fin de que se pueda acordar, con la obligación de todos los comuneros de participación y pago, cuando se alcance el ‘quorum’ determinado en ese precepto” y que la instalación del servicio de ascensor, “aparte de satisfacer las referidas necesidades de personas minusválidas, es un elemento esencial para la utilización de un edificio, que redunda en beneficio, sin
excepción, de los propietarios de un inmueble,...también porque incrementa el valor de los pisos o apartamentos y revaloriza la finca en su conjunto, y resultaría abusivo que la contribución no tuviera que ser asumida por todos los condueños”. En los mismos términos se ha pronunciado otra STS de 18 de diciembre de 2008 (RJ 157/09), la cual señala además la diferencia que resulta de que en los arts. 10 y 11 de la LPH “se menciona la ‘accesibilidad’ y en el art. 17.1a, párrafo 3º, se hace referencia a la ‘supresión de barreras arquitectónicas”.
Conviene aclarar que, cuando la comunidad asume la ejecución de la obra, el acuerdo obliga a todos los propietarios (art. 17.1ª, párr. 5º, de la LPH, pero, cuando el acuerdo se limita a consentir que el solicitante realice la obra, los gastos de la misma correrán a cargo de éste y no de la comunidad (art. 7 de la Ley 15/1995).

Un saludo

Autor: carlosregistro00 Fecha: 06/09/2012
Muchas gracias Trasguyo por tu aportación.

En el mismo sentido he encontrado la siguiente Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de febrero de 2012 sobre instalación de ascensor en un edificio para suprimir las barreras arquitectonicas en este enlace:

http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/sites/default/files/SAPM%2029-02-2012.pdf

Todas las sentencias direccionan hacia la jurisprudencia establecida por el Tribunal Superior de 18 de diciembre de 2008 y recuperan el mismo texto.

Por lo que hace mención a la instalación de un ascensor en el edificio comunitario, amén del derecho de que gozan para ello los minusválidos según lo dispuesto en la Ley 15/1995 , sin olvidar que esta cualificación la tienen quienes hayan cumplido setenta años de edad en virtud del artículo 1.3 de la referida Ley, dicha cuestión ha sido objeto del artículo 17.1ª, párrafo 2º, en virtud de la Ley 8/1999 , a fin de que se pueda acordar, con las obligaciones de todos los comuneros de participación y pago, cuando se alcance el "quórum" determinado en ese precepto, lo que no ha ocurrido en el caso debatido.

En la actualidad, las normas sobre la construcción exigen la presencia del ascensor cuando en un edificio se elevan tres o más plantas, cuyo presupuesto viene también requerido por el mercado inmobiliario, y con referencia a fincas antiguas, aparte de satisfacer las referidas necesidades de personas minusválidas, es un elemento esencial para la utilización de un edificio, que redunda en beneficio, sin excepción, de los propietarios de un inmueble, no sólo a los efectos de las mentadas atenciones y del bienestar material, sino también porque incrementa el valor de los pisos o apartamentos y revaloriza la finca en su conjunto, y resultaría abusivo que la contribución a su pago no tuviera que ser asumida por todos los condueños.

Con la reforma introducida mediante la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a las personas con discapacidad, se ha incluido una referencia con los artículos 10 y 11 de la Ley de Propiedad Horizontal, con la única diferencia de que en estos preceptos se menciona la "accesibilidad" y en el artículo 17.1ª, párrafo 3º , se hace referencia a la "supresión de barreras arquitectónicas".
Sobre la normativa a favor de los minusválidos, desde la perspectiva del artículo 11, la Ley de
Propiedad Horizontal la ha introducido en el artículo 17, 1ª, párrafo 3º , con la precisión de que no se trata de una mayoría simple, sino que ha de alcanzarse el acuerdo mayoritario sobre el total de los propietarios y de las cuotas de participación; cuando esto se consigue, todos están obligados a pagar, como determinan las SSAP de Murcia de 19 de abril de 2001 y Valencia de 11 de marzo de 2002 ; en efecto, el acuerdo obliga a todos los comuneros, tanto a los que hayan votado favorablemente, como a los que han disentido, y eso supone que deben permitir que se lleve a efecto y abonar lo que corresponda, sin perjuicio de la impugnación judicial si concurren las circunstancias del artículo 18 de la Ley.

Muchas gracias

Un saludo

Autor: DickTurpin Fecha: 07/09/2012
Estoy redactando un dictamen jurídico en toda regla y en cuanto lo tenga, lo publicaré.

Yo lo tengo bastante claro.

Saludos.

Autor: DickTurpin Fecha: 07/09/2012
Mi dictamen para Carlos.

No se discute aquí la existencia de personas mayores de 70 años y consecuentemente su discapacidad como consecuencia de la edad.

Asimismo es un hecho no controvertido que la mayoría alcanzada en junta para la aprobación del acuerdo no fue la cualificada del párrafo 2º de la regla 1ª del artículo 17 (3/5 partes).

Por tanto la cuestión a resolver es si la mayoría del párrafo 3º es suficiente para la validez del acuerdo. (Mayoría simple).

En mi opinión la Ley 15/1995 no es aplicable de manera esencial o definitiva, puesto que como dice su Exposición de Motivos, CON EL OBJETO "DE FACILITAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS MINUSVÁLIDAS MEDIANTE LA PROGRESIVA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS" se establece "un procedimiento que tiene como objetivo que el interesado y el propietario o la comunidad o mancomunidad de propietarios lleguen a un acuerdo sobre la forma de ejecución de las obras de adaptación", obras que se refieren a fincas urbanas destinadas a vivienda y que pueden consistir en el establecimiento de ascensores (artículo 1º.2, en su parte posterior a la disyuntiva), para lo que se precisa que el interesado haga la notificación por escrito a la comunidad (artículo 4) y acompañe las certificaciones a que se refiere el artículo 3, lo que no obsta para que la Comunidad le responda en sentido negativo, teniendo el interesado un juicio rápido, como es el verbal, con apelación que no suspende la ejecución (artículo 6) para ver satisfecha su pretensión, haciéndose las obras a cargo del interesado (artículo 7).

En el caso que plantea Carlos, no se trata de un interesado que actúa al margen del acuerdo de la Junta de la Comunidad, como es el contemplado por la Ley 15/1995, sino que hay un acuerdo y la cuestión radica en qué clase de mayoría es necesaria.

La literalidad de la Ley no admite duda alguna, pues la mayoría cualificada es la requerida en casos generales para el establecimiento de ascensores, como indica el párrafo 2º de la norma 1ª del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Sin embargo en el párrafo siguiente se establece otra mayoría no cualificada, en base a la que Carlos interpreta que se debería adoptar el acuerdo, cuando las obras o los servicios comunes tengan por objeto "la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten la movilidad de personas con minusvalía, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo".

Está claro que con el establecimiento del ascensor se suprimen barreras arquitectónicas para la movilidad de un minusválido y de las personas de avanzada edad.

¿Y quien será beneficiario de dicha medida?

La respuesta está en la Ley 15/1995 al declarar que “los titulares de fincas urbanas en calidad de propietarios, arrendatarios, subarrendatarios o usufructuarios que sean usuarios de las mismas”.

Es decir. Habrá que valorarse la periodicidad con que se “usa” la vivienda a fin de determinar si es o no usuario al que se aplica la normativa, aunque en mi opinión si se trata de un propietario, la valoración es difícil y cabría entender que se trata de un derecho objetivo cual sería el caso que expone Carlos.

Pero ¿Actuando del modo que expone Carlos se puede interpretar que el acuerdo se ha aprobado?

Yo creo que NO porque no se ha seguido el procedimiento indicado en la mencionada Ley 15/1995.

En mi opinión, el procedimiento a seguir consiste en notificar a la comunidad la necesidad de ejecutar las obras de adecuación por causa de minusvalía, acompañando las certificaciones correspondientes citadas en el art. 3 de la Ley del registro civil o de la autoridad administrativa competente de conformidad a lo dispuesto en el art. 4 de la ley 15/1995.

Una vez se haya efectuado dicha solicitud, la comunidad tiene un plazo de 60 días para comunicar por escrito al solicitante su consentimiento u oposición razonada a la ejecución de las obras, admitiéndose que proponga soluciones alternativas que podrán ser, o no, aceptadas por aquél. Caso de silencio, se entenderá que éste es positivo.


Autor: DickTurpin Fecha: 07/09/2012
... Continuación del dictamen.

Si la Comunidad manifiesta la expresa oposición a la ejecución de las obras, el solicitante tiene abierta la vía civil para presentar una demanda contra la comunidad de propietarios justificando, en su caso, que concurren los requisitos para que por la vía del art. 10 LPH tenga derecho el comunero a que se ejecute la obra de accesibilidad por no alcanzar los límites del coste de las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, basándose además en que la propuesta ha sido aprobada por más de la mitad de propietarios, lo que debería bastar para que prospere la demanda.

EXCEPCIÓN.-

Sin embargo aquí entra en juego otro concepto que es el que refirió probablemente su Administrador. Es el de “POBREZA”. Dicho concepto lo introduce la Ley 26/2011, de 1 de Agosto y en cierto modo pone coto al concepto de discapacidad y su consecuencia inmediata –obras de accesibilidad-.

En esta Ley se modifica el apartado 2º del art. 10 que queda como sigue:

"La comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las actuaciones y obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes."

Y Añade un nuevo párrafo":

"LO DISPUESTO EN ESTE APARTADO NO SERÁ DE APLICACIÓN CUANDO LA UNIDAD FAMILIAR A LA QUE PERTENEZCA ALGUNO DE LOS PROPIETARIOS, QUE FORMAN PARTE DE LA COMUNIDAD, TENGA INGRESOS ANUALES INFERIORES A 2,5 VECES EL INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM), excepto en el caso de que las subvenciones o ayudas públicas a las que esa unidad familiar pueda tener acceso impidan que el coste anual repercutido de las obras que le afecten, privativas o en los elementos comunes, supere el treinta y tres por ciento de sus ingresos anuales".

La aplicación de dicho párrafo evidencia la posibilidad de ejercer un derecho de veto por quienes tengan ingresos inferiores a unos 15.000 euros más o menos, que es el resultado de llevar a cabo la aplicación aritmética prevista en relación al IPREM.

Si existiera un solo propietario en esa situación y ejerciera el derecho de veto que refiero, de nada vale la reforma, ya que no es que no tenga que pagar la derrama, sino que veta que se ejecute la obra según la propia literalidad de la norma.

Por ello, si se ejerce el veto A QUE HAGO REFERENCIA, no se aplicará el art. 10.2 LPH para cuya ejecución LO QUE LA LEY EXIGE NO ES LA ADOPCIÓN DE UN ACUERDO, SINO ESTAR LEGITIMADOS PARA SU APLICACIÓN (en este caso por ser mayores de 70 años) y será de aplicación la mayoría cualificada del art. 17, regla 1.ª, párrafo tercero que sí EXIGE LA ADOPCIÓN DE ACUERDO (3/5 partes).


Autor: carlosregistro00 Fecha: 07/09/2012
Muchas gracias por su dictamen,

Aunque estoy de acuerdo con usted que el acuerdo que se estableció en nuestra comunidad no puede ser válidamente adoptado por el simple echo que en el acta no consta que el ascensor tiene la finalidad de eliminar las barreras arquitectónicas, con lo cual la mayoría exigible es la de 3/5 partes.

Creo que en su dictamen existe una mezcla de los artículos 10.2 y 17

He encontrado un artículo publicado por Carmen Fernández Santiago, Doctora e investigadora en el área del Derecho Civil, que aclara en que momento adoptar cada uno de ellos, (aunque está publicado en el año 2006).

“Introducción.

En definitiva, y a tenor de las sucesivas reformas legislativas a las que venimos de hacer referencia en el apartado anterior, cuando el establecimiento del servicio de ascensor y la realización de las obras que su instalación conlleve se pretenda con la finalidad de suprimir barreras arquitectónicas, el acuerdo que haya de adoptarse al respecto no habrá de someterse al régimen de mayorías previsto en la regla del artículo 17.1º.2, sino al más favorable contenido en la norma 3 del nº 1º del mencionado precepto, sin perjuicio, en todo caso, de lo previsto al respecto en los artículos 10 y 11 de la LPH26.
Pero a pesar de las modificaciones que la Ley 8/1999 y la Ley 51/2003 introducen en la LPH. en materia de eliminación de barreras arquitectónicas, ni una ni otra suponen en modo alguno la derogación del singular procedimiento establecido previamente en la Ley de 1995, sino que ambas normas resultan complementarias; sin embargo, las modificaciones introducidas por aquellas han venido a incidir de alguna manera, si bien con diferente intensidad, en la determinación del grado de utilidad que ésta habrá de tener en la práctica. Por ello, y en la medida en que existe de esta manera una duplicidad de normas que permitirán a la persona discapacitada articular su petición, con diferentes consecuencias jurídicas según cual sea la norma en la que aquella petición se ampare, habrá que determinar de qué manera debe articularse la compatibilidad entre los regímenes jurídicos contemplados por cada una de ellas para, de este modo, poder precisar cuál sea en la actualidad el régimen jurídico efectivamente aplicable o, cuando menos, aquel cuya aplicación resulte en cada caso más adecuado o conveniente.
En efecto, en el caso de la Ley 8/1999, poca incidencia tuvo la misma respecto de la vigencia práctica de la Ley de 1995 pues, de manera sorprendente y desaprovechando una buena ocasión para ello, omitía cualquier referencia expresa a la misma, así como a la integración o coordinación de ambos regímenes jurídicos, y muchas fueron las dudas que a la hora de su aplicación práctica surgieron, originadas en gran medida como consecuencia de aquella falta de coordinación.
Sin embargo, no debe decirse lo misma de la reforma operada por la Ley 51/2003, que a pesar de no referirse tampoco expresamente a la norma del 95, sí resuelve algunas de las principales dudas que su predecesora había planteado respecto de determinadas cuestiones que venían siendo objeto de debate doctrinal y jurisprudencial como consecuencia de las sucesivas interpretaciones a las que había dado lugar la anterior redacción de la norma en relación con las prescripciones de la Ley del 95.

1.- La condición de minusválido: los beneficiarios de la especial protección para la eliminación de barreras arquitectónicas.
Así, la referencia expresa que al respecto se contiene en el nuevo artículo 10.2 deja claro que van a poder resultar beneficiarias de estas obras y servicios tanto las personas discapacitadas como las mayores de setenta años, ostentando la legitimación para solicitar de la Comunidad su ejecución o instalación aquellos propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios las mismas.
La determinación de aquellos sujetos que habrían de resultar beneficiarios de las normas especiales elaboradas para la eliminación de barreras arquitectónicas en comunidades de propietarios había sido una de las cuestiones más debatidas tras la Reforma de 1999. La controversia se origina porque el referido artículo 17 hace referencia exclusivamente a las personas con minusvalía, en contra de lo que unos años antes y de manera novedosa proclamaba la Ley 15/1995, que ampliaba el círculo de personas tradicionalmente protegidas por este tipo de normas, extendiendo los derechos reconocidos en la misma también a las personas mayores de setenta años, respecto a las que no se hacía mención alguna en el nuevo artículo 17.1.3 de la LPH.

Autor: carlosregistro00 Fecha: 07/09/2012
Parte2
Al respecto, y de manera mayoritaria, la doctrina ha optado por acoger un concepto amplio de minusvalía (o discapacidad), entendiendo que han de extenderse los derechos reconocidos a los minusválidos en la LPH. también a las personas mayores de setenta años, basándose en una interpretación que parte de la aplicación analógica del apartado 3 del artículo 1 de Ley 15/199529, y pese a no contenerse expresamente referencia alguna a esta ampliación en el texto de la norma.
También la pequeña jurisprudencia, siguiendo las directrices marcadas por el Tribunal Supremo, ha acogido una interpretación amplia del concepto de minusvalía, yendo más allá de conceptos formales administrativos o calificaciones de minusvalía en vía gubernativa, por entender que ha de imponerse un concepto amplio de minusválido, entendido como persona que o no puede valerse absolutamente o que se vale mucho menos que el común de sus conciudadanos y que, desde luego, engloba a ancianos en edad de jubilación o personas más jóvenes que por cualquier causa no pueden deambular por escaleras o lo hacen con grandes dificultades. Asimismo, entiende la jurisprudencia que cuando la Ley 15/1995 incluye en su ámbito de aplicación tanto personas minusválidas como mayores de 70 años, sean o no minusválidas, lo hace desde una perspectiva constitucional, ofreciendo una solución de continuidad en cuanto a un mayor abanico de personas que deben ser protegidas sobre la base de unas previsiones constitucionales que abogan por un claro favorecimiento de estos colectivos, lo que conlleva necesariamente una integración amplia y flexible del término minusválido, que
abarque también a los mayores de setenta años o a aquellas personas con problemas físicos graves.
La cuestión ha quedado definitivamente zanjada con la Ley 51/2003, que pone fin a las anteriores dudas doctrinales al hacer referencia expresa, en cuanto a la descripción del ámbito subjetivo de las reglas específicas para la protección de los minusválidos en el ámbito de la Propiedad Horizontal y por lo que respecta a la determinación de los beneficiarios de aquellas normas, tanto a las personas con discapacidad como a los mayores de setenta años que vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios en la vivienda del propietario que inste la realización de las obras (artículo 10.2 de la LPH.).
Así, y en cuanto a la persona de la que deba de predicarse aquella condición, esta cuestión sí ha encontrado respuesta satisfactoria en la Reforma del 2003 que, esta vez sí, de la misma manera que lo había hecho previamente la Ley de 199533, cuya aplicación analógica en este punto venía siendo ampliamente defendida por la doctrina, no limita la condición de beneficiario al propietario de la finca de la vivienda, haciendo referencia expresa, además de a este, a aquellas personas discapacitadas o mayores de setenta años que vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios en la vivienda (ex artículo 10.2 LPH.).

2. Régimen de adopción de acuerdos: mayoría exigible.
Cuando para la eliminación de barreras arquitectónicas se pretende la instalación del servicio de ascensor, al amparo de las normas de la LPH., podría plantearse aún, por la peculiar condición de la obra que se pretende, la cuestión de si la misma podría encuadrarse en el ámbito de los acuerdos para los que la norma 3ª del artículo 17.1 requiere sólo el voto de la mayoría (de propietarios y cuotas de participación) o si, por
el contrario, y debido a la especial naturaleza del servicio al que se hace referencia, habría de encuadrarse en la norma 2ª del mencionado precepto, que lo contempla expresamente entre aquellos que relaciona, y resultando exigible entonces, en todo caso, el voto favorable de las tres quintas partes de los propietarios, que representen al menos
idéntico porcentaje de las cuotas de participación.
La cuestión no es baladí, por cuanto la alegación y posterior comprobación, por alguno de los vecinos, de la condición de minusválido o de persona mayor de setenta años, va a adquirir una especial relevancia, y no sólo en relación a la determinación de la mayoría que resulte necesaria para la adopción del acuerdo, sino también, como acertadamente señala la doctrina, para determinar la propia calificación jurídica de la instalación del ascensor y, consecuentemente, la eficacia obligatoria del acuerdo.

Autor: carlosregistro00 Fecha: 07/09/2012
Parte3

En este caso la jurisprudencia es clara, y entiende que, en relación con el contencioso de determinar si el acuerdo adoptado por la comunidad de instalación de un ascensor y los consiguientes referidos a la forma de instalación, precisan mayoría de 3/5 y por tanto son nulos al adoptarse por mayoría simple o se hallan dentro de lo previsto en el artículo 17.1.3 de la actual Ley de Propiedad Horizontal, al dirigirse la obra a suprimir barreras arquitectónicas, ante la existencia de algún propietario discapacitado o de avanzada edad, el establecimiento de un ascensor en un edificio en las condiciones descritas debe ser calificado como una evidente supresión de barreras en cuanto favorece la movilidad y el acceso a todas las plantas del inmueble. La justificación de este razonamiento nos la ofrece también la propia jurisprudencia, que en la SAP. de Barcelona de 5 de diciembre de 2002 (Ar. 57385, 2002) señala cómo no hay mayor injusticia que tratar igual lo que es desigual, por lo que “la Ley opta por una discriminación positiva y favorece aún a costa de determinados propietarios la instalación de elevadores que supongan la eliminación de barreras arquitectónicas” una vez que se obtengan las mayorías requeridas al efecto. La instalación del ascensor será, en todo caso, una alteración necesaria para la habitabilidad del edificio y requerida para mantener las condiciones de accesibilidad del mismo. Así, y a tenor de la nueva redacción dada al mismo por la Ley 51/2003, señala el artículo 11 de la LPH. que cuando los acuerdos para la realización de obras de accesibilidad se hayan adoptado válidamente “la comunidad quedará obligada al pago de los gastos aun cuando su importe exceda de tres, (actualmente doce), mensualidades ordinarias de gastos comunes”, obligatoriedad que una vez más viene a poner de manifiesto la trascendencia práctica de la cuestión que ahora nos ocupa.

3.- En definitiva: aplicación del régimen más favorable.
Finalmente, resulta obvio a tenor de todo lo expuesto que nos encontramos en la actualidad en relación con esta materia ante una duplicidad de procedimientos. Así, la vigencia simultánea de los dos regímenes jurídicos previstos en la Ley 15/1995, por un lado, y en la LPH. (con las diferentes modificaciones que normas sucesivas han ido provocando en la misma), por otro, no son incompatibles, sino que simplemente va a tratarse de la existencia de dos vías alternativas para lograr un mismo resultado, si bien a través de un procedimiento diferente, con exigencias diversas y, lo que es fundamental, con un coste económico muy diferente para el interesado en ambos casos, lo que hace que resulte imprescindible determinar el concreto ámbito de actuación que sea propio de cada una de ellas, para así poder precisar cuál resulte más favorable en cada supuesto concreto.

Autor: carlosregistro00 Fecha: 07/09/2012
Parte4

Atendiendo al marco normativo que determina el juego de los artículos 10, 11 y 17
de la LPH. en su redacción actual (que deriva de la Ley 51/2003), la instalación del ascensor requerirá, si su objeto es la eliminación de barreras arquitectónicas, del acuerdo favorable de la Junta, válidamente adoptado por la mayoría de propietarios que a su vez representan mayoría de cuotas, en cuyo caso serán todos los copropietarios los que vendrán obligados a asumir el gasto. Si, por el contrario, no fuese posible lograr aquel acuerdo mayoritario, la Comunidad vendría aún obligada tanto a la ejecución de las obras como a la asunción del gasto, a instancia del propietario de la finca en la que se encuentre la persona anciana o discapacitada, cuando éste no superase el límite económico que determine la suma de tres, (actualmente doce), mensualidades de renta (lo que, por pura lógica, es de suponer que no va a ocurrir en el caso de los ascensores, por la propia envergadura de la obra de que se trata).
Por su parte, la Ley de 1995 instaura un régimen especial que no exige acuerdo de la Comunidad para llevar a cabo las obras de adecuación, por lo que tendrá generalmente carácter supletorio del de la LPH., reservándose su aplicación a aquellos supuestos en los que, excediendo su importe de tres mensualidades de gastos comunes, no se hubiese obtenido el acuerdo de la Junta de Propietarios favorable a la instalación del ascensor por no contarse con la mayoría legalmente exigida. En este caso, las obras habrán de ser costeadas íntegramente por el minusválido, aunque quedarán finalmente en beneficio de la finca; por todo ello, mientras que para los mayores de setenta años y para los discapacitados resultará más favorable, sin duda alguna, el procedimiento de la LPH, sin embargo para el resto de copropietarios resultará más ventajoso el previsto en la Ley de 1995.”

Bajo mi humilde punto de vista, existen dos artículos en la LPH que atañen las barreras arquitectónicas en una comunidad, (siempre y cuando se compruebe que la minusvalía o la edad de setenta años es real)
Por un lado el artículo 11.2 que pretende ayudar a “realizar actuaciones y obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos comunes”, como pueden ser rampas, accesos, etc. a la simple demanda de una persona minusválida o mayor de setenta años. En este caso no es necesaria ninguna votación, siempre y cuando no se exceda de doce mensualidades y no exista una persona con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, el cual sí supondría un veto.
Pero, como dice la señora Carmen, este artículo a la hora de la instalación de un ascensor pocas veces podrá aplicarse. “lo que, por pura lógica, es de suponer que no va a ocurrir en el caso de los ascensores, por la propia envergadura de la obra de que se trata”.
Por el otro lado el artículo 17.1, que para realizar la instalación del ascensor requerirá, si su objeto es la eliminación de barreras arquitectónicas, del acuerdo favorable de la Junta, válidamente adoptado por la mayoría de propietarios que a su vez representan mayoría de cuotas, en cuyo caso serán todos los copropietarios los que vendrán obligados a asumir el gasto.

Un saludo

Autor: Trasguyo Fecha: 08/09/2012
Creo que de todo lo expuesto, hay algo bien claro y que ya no es opinión de un Abogado u otros, sino, de lo que dice el Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2008 (RJ 158/09) y de 18 de diciembre de 2008 (RJ 157/09), donde anula las contradicciones de las Audiencias Provinciales y, determina la diferencia que hay entre los artículos 10 y 11 con respecto al artículo 17.
Los artículos 10 y 11 hacen referencia a la "ACCESIBILIDAD" de las personas mayores de 70 años o minusválidos y el artículo 17 párrafo tercero sobre "SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS", es aquí la diferencia que establece el Supremo para determinar que para la Supresión de Barreras Arquitectónicas, se necesita MAYORÍA SIMPLE no CUALIFICADA.
Por otro lado, el párrafo del IPREM, solamente hace de veto a lo establecido en el primer párrafo del artículo 10, que trata sobre Accesibilidad, nada más, no sobre la Supresión de Barreras Arquitectónicas que establece el artículo 17.3.
Esto no es cuestión de interpretación, ya está dada por el Tribunal Supremo.
Si es verdad carlosregistro00, que en el Acta tiene que venir reflejado que el motivo del ascensor es por supresión de barreras arquitectónicas, sino, se necesitan las 3/5 partes.

Un saludo

Autor: DickTurpin Fecha: 08/09/2012
Hola Carlos.

No mezclo los artículos 17 y 10.2 del modo que insinúas.

Trato de relacionar toda la normativa de aplicación porque entiendo que en este tipo de temas va a tener que resolverse atendiendo a la casuística.

Debemos pensar que el artículo 10.2 no se adopta como consecuencia de votaciones. Lo que define el artículo es la LEGITIMACIÓN DEL SOLICITANTE AL TENER LA CONSIDERACIÓN DE MINUSVÁLIDO, siendo en consecuencia indiferente que se vote o no a los únicos efectos de aplicar dicho artículo.

Por su parte el artículo 17 tiene dos reglas (entiéndase que lo digo a los efectos de aplicarlo a este caso concreto).

1º.- LA GENERAL que es la necesidad de adoptar el acuerdo de instalación de ascensor atendiendo a una mayoría cualificada 3/5.

2º.- LA EXCEPCIÓN.- Que atempera el quórum necesario para la adopción del acuerdo en el supuesto de supresión de barreras arquitectónicas que dificulten la movilidad de personas con minusvalía.

Dicha excepción, entiendo que se debe complementar con el artículo 10.2 LPH y con el procedimiento establecido al efecto en la Ley 15/1995.

El problema radica (y de ahí que haya que examinarse la casuística) EN LA INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO DE POBREZA de la Ley 26/2011 y que de algún modo supone un paso atrás en la resolución del problema de fondo, porque afecta esencialmente al artículo 10.2, que en este tema es el núcleo central que legitima la instalación del ascensor en base a la causa que alegas.

Los artículos anteriores al año 2011 no son de total aplicación porque la normativa ha cambiado, no sólo en lo que al "derecho de veto" que introduzco se refiere, sino en cuanto a las condiciones económicas referidas al coste de la inversión que la propia reforma introduce.


Autor: DickTurpin Fecha: 08/09/2012
Cuando digo Los artículos anteriores al año 2011, me refiero a las opiniones doctrinales y, o, resoluciones judiciales

Autor: Trasguyo Fecha: 08/09/2012
DickTurpin.- Antes de la modificación de la LPH, el 1 de Agosto de 2011, los artículos 10 y 11 dicen lo mismo con respecto a realizar OBRAS DE ACCESIBILIDAD. Lo que se añade al artícluo 10 es el párrafo del IPREM y el aumento de las Cuotas de 3 a 12.
En el artículo 17.1 párrafo tercero trata sobre OBRAS PARA LA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
Siempre hubo discrepancias sobre estos 3 artículos entre las Audiencias Provinciales hasta que el 18 de Diciembre de 2008 el TS, hace aclaración sobre la diferencia entre ACCESIBILIDAD y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, por tanto nada tiene que ver el artículo 10 con el 17, en cuanto se trate de Suprimir Barreras Arquitectónicas.
La solicitud de un comunero para tener un ACCESO mejor, cuya Ley 15/1995 explica el proceso a seguir, en el artículo 10.2, es cuestión distinta y, no tiene nada que ver con un Acuerdo adoptado en la Comunidad de Carlos, por ser tratado el punto sobre la SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS y no sobre ACCESIBILIDAD.
Aquí de lo que se trata, es diferenciar estos dos conceptos y, así lo diferencia el Tribunal Supremo en el 2008 y, como no hay diferencia a este respecto en los artículos que estamos debatiendo, sigue valiendo dicha Sentencia.

Un saludo

Autor: carlosregistro00 Fecha: 08/09/2012
DickTorpin, aunque soy consciente de las modificaciones aportadas a la LPH, he insertado el artículo de la señora Carmen, ya que refleja la idea que o se aplica un artículo o se aplica el otro, pero en ningún caso un "remix" o un "bucle" de los dos articulos.

Con respecto a la duda que le queda pendiente de si se adopta el articulo 17, que pasa con una persona que tiene ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM. Para ello habia citado el artículo del señor Vicente Magro Servet que lo deja muy claro.

"...En conclusión, si hay en el inmueble una persona cuyos ingresos sean inferiores a 15.000 euros, excepto que se aplique la regla antes vista de las subvenciones, habrá que olvidarse del art. 10.2 LPH y acudir a la mayoría cualificada del art. 17, regla 1.ª, párrafo tercero.

Una última cuestión debemos abordar con respecto a si ¿Se permite aplicar este derecho de veto de los comuneros en razón a los pocos ingresos o valorando el tema de las subvenciones si se llega aplicar la regla del art. 17.1 LPH que requiere llegar a una votación para aprobar la realización de una obra de accesibilidad o supresión de barreras arquitectónicas?

En absoluto, ya que la intención del legislador queda clara limitando esta opción tan solo a la vía del art. 10.2 LPH para cuyo caso no se exige acuerdo, sino legitimación en la petición, concurrencia del coste de la obra hasta 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes y que el comunero tenga ese límite de ingresos, pero no que con este límite de ingresos sea factible llevar a cabo este veto en cualquier caso en el que lo que se haga es adoptar un acuerdo con el quórum del art. 17 LPH en cuyo caso no opera este opción del derecho de veto."

Es decir, se ha augmentado de tres a doce mensualidades en el articulo 10.2, para favorecer la instalación de medios que ayuden a las personas mayores o discapacitadas, pero se creó a la vez una especie de "freno" en favor de la pobreza. Pero dicho "freno" se aplica unicamente en dicho articulo 10.2, cuando se realiza un acuerdo con el quórum necesario como es el caso del articulo 17, dicho freno es inexistente porque no pertenece al mismo articulo.

Un saludo

Autor: contadora Fecha: 09/09/2012
No soy abogada, aunque algo de derecho si he tenido que estudiar por otras cuestiones.
En este asunto, simplemente los problemas existentes en mi comunidad y mi afan de legalidad son los que me han llevdo a conocer la LPH casi a fondo, pues cada vez que la leo descubro algo nuevo que nunca se me había planteado.
En el tema que nos ocupa EL FAMOSO ASCENSOR.
El último párrafo de su ultimo escrito:
"Es decir, se ha augmentado de tres a doce mensualidades en el articulo 10.2, para favorecer la instalación de medios que ayuden a las personas mayores o discapacitadas, pero se creó a la vez una especie de "freno" en favor de la pobreza. Pero dicho "freno" se aplica unicamente en dicho articulo 10.2, cuando se realiza un acuerdo con el quórum necesario como es el caso del articulo 17, dicho freno es inexistente porque no pertenece al mismo articulo."
resume claramente la modificación de la LPH del 1 de agosto de 2011.
Ignoro si hay jurisprudencia posterior a la modificación de esta Ley, Del Tribunal Supremo no creo, pues no ha dado tiempo a que sentencias de juzgados hayan sido recurridas, juzgadas en las Audiencias Provinciales, recurridas de nuevo y sentenciadas por el Supremo, que es quien puede sentar jurisprudencia.
Respecto al "freno en favor de la pobreza", es extraño que para gastos inferiores a 12 mensualidades se tenga en cuenta el 2,5 del IPREM y para gastos superiores a esas 12 mensualidades,
deje de aplicarse tal freno, por el mero hecho de que se haya aprobado por mayoría de más del 50%, si hay mayores y minusválidos.
Más flagrante es el caso de que sin existir mayores ni minusválidos, con el simple voto del 60% de los propietarios (generalmente los de los pisos altos) se obligue a todos a pagar el ascensor.
¿Qué se le puede decir a un propietario de un bajo, que está pagando A DURAS PENAS una hipoteca, se queda parado, cobra los 400 euros o está jubilado y recibe una pensión mínima? ¿que se quede sin comer para pagar el ascensor que no va a utilizar?
Esto es como el célebre refrán "ERES MAS TONTO QUE ABUNDIO, QUE VENDIÓ EL COCHE PARA COMPRAR GASOLINA"

Autor: Trasguyo Fecha: 09/09/2012
Contadora.- Ya cito el 6-9-2012 la Sentencia del Tribunal Supremo de 07-11-2011, posterior a la modificación de la LPH y, que trata sobre la instalación de un ascensor ocupando zona privativa con el fín de salvar barreras arquitectónicas. Esta Sentencia hace referencia a la Jurisprudencia que ya fue emitida por el TS el 18 de Diciembre de 2008, con lo cual, se acoge al artículo 17.1 párrafo tercero obligando a todos los Propietarios, por mayoría simple.
El tema del IPREM solamente afecta a los temas de "ACCESIBILIDAD" no a la "SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS".
Sobre lo que se queja, habría que modificar parte de la LPH, si no, toda.
Entiendo que es dificil contentar a todos y, más aún, en este período que estamos viviendo y que perjudique a los que menos tienen o no tienen nada. A esto es a lo que habría que poner solución, verdaderamente.

Un saludo

Autor: DickTurpin Fecha: 10/09/2012
Ok. Lo que vosotros digáis.

Autor: Fixin Fecha: 11/09/2012
Bueno, al final ¿quién tiene razón?, el Tribunal Supremo o los que apoyan la visión que hace DickTurpin?

Autor: DickTurpin Fecha: 14/09/2012
Es que el Tribunal Supremo no dice nada distinto a lo que digo yo. Si lo dijera, mi criterio sería otro.


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