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Comentario a la STS nº 502/2014 de 02/10/2014, sala de lo civil: Herencia de Camilo José Cela.


I.- Introducción.- II.- Exposición de la controversia jurídica y soluciones adoptadas en primera instancia y por la SAP Madrid Secc. 21 bis de 31/05/2012 dictada en apelación.- III.- Comentario de la Sentencia del TS de 02 de octubre de 2014.

I.- Introducción.

En fechas muy recientes, concretamente el 02 de octubre de 2014, ha sido dictada la Sentencia 502/2014 por la Secc. 1ª del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de la que es ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller.

Con anterioridad, y con motivo de haber sido dictada la Sentencia de la AP Madrid Secc. 21 bis de 31/05/2012 (Pte: José Zarzuelo Descalzo), sobre la que ahora se pronuncia y confirma el TS a medio de la arriba citada resolución, tuve la oportunidad de publicar en este mismo foro un breve comentario sobre la sentencia dictada en sede de apelación por la A.P de Madrid, a la cual no dudé en calificar como auténtico compendio de instituciones de Derecho Sucesorio Común en lo que a legítimas y derechos de legitimarios se refiere, su cálculo y acciones previstas para la protección o defensa de la legítima.

Pues bien, el dictado de la sentencia del Alto Tribunal es una oportunidad para efectuar un análisis de la misma en iguales términos que la anterior ocasión, esto es, sin tratar de hacer un estudio doctrinal ni jurisprudencial de las instituciones sucesorias, sino exclusivamente de ver como el TS ha tratado tales aspectos del “Derecho de Sucesiones” al dar respuesta a las cuestiones suscitadas.

El resto de cuestiones jurídicas tratadas por la STS de 02 de octubre de 2014, ajenas a las instituciones sucesorias propiamente dichas, quedan al margen de este comentario, salvo alguna cuestión que, siquiera tangencialmente, guarda alguna relación con la materia en sentido más amplio.

II.- Exposición de la controversia jurídica y soluciones adoptadas en primera instancia y por la SAP Madrid Secc. 21 bis de 31/05/2012 dictada en apelación.

La STS 02/10/2014, en su Fundamento de Derecho Primero hace un recorrido sobre el iter procesal y recapitula sobre las pretensiones del demandante y el contenido de la sentencia dictada en primera instancia, así como del fallo en sede de recurso de apelación.

En tal sentido dice que el actor partía y pretendía que se le reconociese la siguiente posición jurídica: cómo legitimario de su padre, no ha recibido lo que por legítima le corresponde respecto de la herencia del mismo; Que tiene derecho, como legitimario de su padre, a percibir dos tercios del caudal relicto incrementado con las donaciones realizadas por el finado; Que además dicho demandante, habida cuenta de la especial naturaleza de dicho caudal relicto, tiene derecho a percibir dos tercios de los rendimientos pasados y futuros del caudal relicto de su padre mientras no se realice el pago íntegro de su legítima; Que la masa computable para calcular la legítima del actor respecto de su padre está constituida por el caudal relicto del finado, con los bienes objeto de las donaciones nulas e incrementado con el importe de las aportaciones inoficiosas realizadas por el causante a la Fundación Camilo José Cela y el valor de la donación de "El Cuadro Rasgado" realizada al actor como pago de su legítima.

En resumen, como dice la STS “Se ejercía así por el demandante…. , único hijo de….., la acción de complemento de legítima, por entender que el valor del único bien que le fue donado en su día por su padre, y por su madre….., al que se hace referencia en el testamento como pago del total de sus derechos hereditarios, y consistente en el cuadro al óleo sin título pero conocido como "El cuadro rasgado", obra de Joan Miró, resulta muy inferior a las dos terceras partes que como legitimario le corresponden en la herencia de su padre, acumulando a dicha acción de complemento la acción de nulidad de determinados negocios jurídicos de disposición.”

El juzgador a quo, tras estimar sustancialmente la demanda, falla que el actor, en su condición de legitimario de su padre, tiene derecho a percibir dos terceras partes de la herencia de dicho finado, compuesta por el caudal relicto dejado por éste tras su muerte y el importe de las donaciones realizadas en vida. En base a tal pronunciamiento, fija los derechos legitimarios de dicho demandante en la cantidad de 5.212.403,48 euros.

Que el actor, en tal condición de legitimario, no ha recibido lo que por legítima le corresponde en la herencia de su padre, al no cubrir sus derechos legitimarios la donación del cuadro al óleo sin título, conocido como "El cuadro rasgado" del pintor Joan Miró, donación que le fue efectuada el 23 de octubre de 1990 y cuyo valor ha de fijarse en la cantidad de 100.970,03 euros.

Por lo anterior declara la nulidad de los contratos de cesión de los derechos de explotación de la propiedad intelectual de la que el “de cuius” era titular, reintegrándose tales derechos de explotación, cuyo valor asciende a la cantidad de 3.931.070,19 euros, al caudal relicto de la herencia, junto con todos los rendimientos obtenidos desde su muerte, que serán imputados a la legítima del demandante.

También se declara que la donación efectuada por el causante a la Fundación Camilo José Cela, cuyo valor asciende a la cantidad de 3.786.565 euros, es inoficiosa en cuanto excede de la cuota disponible por dicho causante, debiendo ser reducida en el exceso, esto es, en la cantidad de 1.180.363,25 euros.

Debemos recordar en este punto que la sentencia de apelación, la SAP Madrid de 31/05/2012 se ocupaba en su Fundamento de Derecho Sexto de ventilar los denominados “motivos de carácter sustantivo o de fondo”.

Es interesante analizar, siquiera someramente los pronunciamientos de la sentencia de alzada para comprender mejor los pronunciamiento de la STS 02/10/014. La SAP Madrid de 31/05/2012 partía del estudio del concepto de legítima en los términos del art. 806 del CC, como porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la Ley a determinados herederos, llamados forzosos, con el sistema legal establecido de que la legítima no constituye una pars reservata bonorum pues el testador puede disponer de sus bienes, inter vivos o mortis causa, siempre con eficacia condicionada a la intangibilidad cuantitativa de las legítimas de los legitimarios, quienes pueden recibir por cualquier título apto el contenido patrimonial a que el derecho les hace merecedores (art. 815 CC) y no sólo como herederos.

En consecuencia la normativa sucesoria permite al causante disponer de sus bienes con limitaciones legales para el caso de existir legitimario (art. 763.2 CC), limitaciones de derecho imperativo u orden público, por lo que el legitimario podrá ejercitar las acciones tendentes a proteger cuantitativamente sus derechos con la reclamación del complemento del art. 815 CC (la denominada acción de suplemento), ejercitada en este caso por el actor, así como la reducción, tanto de legados excesivos ex arts 817 y 820 del texto sustantivo civil, como de donaciones inoficiosas (arts. 634, 651, 819 y 820 del CC), y ello aun cuando estén ocultas bajo negocios aparentemente onerosos, cuestión argüida por el legitimario, lo que lo sitúa en sede de negocios jurídicos simulados, siendo tratado en el Fundamento de Derecho Quinto de la resolución de apelación en el sentido de confirmar el criterio de la instancia sobre la declaración de nulidad de los contratos de cesión de derechos, debiendo reintegrar dichos derechos a la masa hereditaria (junto con los rendimientos desde el fallecimiento).

En cuanto al cálculo de la legítima, debe adicionarse el valor del relictum y del donatum (art. 818 CC) y se imputan a la legítima las donaciones hechas a los hijos que no tengan el concepto de mejora, según dicción del art. 819 CC, imputación que procede en el caso litigioso del cuadro recibido. De otro lado, aclara la sentencia ad quem, que para el caso de que el legitimario que hubiera percibido su legítima íntegra por cualquier título (herencia, legado o donación) carecería del derecho a reclamarla como heredero forzoso, independientemente del título de atribución, pues no ha sido favorecido por una delación legal inmediata y directa (no haber sido instituido como heredero).

También analizaba el tema relativo a la supremacía de la voluntad del testador (voluntas testatoris) en la interpretación testamentaria (art. 675 CC), si bien de manera tangencial por entender que no es atinente a un procedimiento en que se dilucida si el testamento respeta o no las legítimas, sin que guarde relación con la interpretación del contenido y las clausulas de éste, materias en que entraría en juego la interpretación.

Sobre el cálculo de las legítimas y los bienes que han de integrar el patrimonio hereditario para proceder al citado cálculo, dice que el art. 818 CC establece que habrá de atenderse al valor de los bienes existentes a la muerte del testador (con deducción de deudas y cargas) agregando al valor líquido el de las donaciones colacionables, excepción hecha cuando concurren a la herencia más de un heredero forzoso y lo recibido se considere como anticipo de herencia, excepción legal que no concurre por haber un único legitimario, el hijo. Todo ello tiene como fundamento la prohibición de lesionar las legítimas y el art. 636, precepto que impide que una persona pueda dar por vía de donación más de lo que podría por testamento, pues si dispuso más allá del límite de la parte libre de herencia, lo donado habrá de reducirse por inoficioso, como así entiende la sentencia en el supuesto actual con las donaciones realizadas, reducción a practicar según los arts. 656 y 820 CC.

Las operaciones sobre cálculo de legítima y valores deben efectuarse conforme a criterios legales y según valores reales, sin que vinculen los otorgados por las partes intervinientes.

Respecto a la inoficiosidad de las donaciones y su reducción, (arts. 654 a 656 del CC) se dice que al fallecimiento del donante se computan las donaciones (donatum), las cuales se imputan a la legítima si el donatario es asimismo legitimario, y si de la suma del relictum y el donatum no hay bienes suficientes para cubrir las legítimas, las donaciones habrán de calificarse de inoficiosas y ser rescindidas, total o parcialmente (como ha ocurrido), para alcanzar los bienes precisos para cubrir a los legitimarios, y sólo puede subsistir si respeta dicha cuota hereditaria forzosa por tener cabida en el tercio de libre disposición. No se generaría entonces suplemento al no perjudicarse la legítima y no habría lugar a imputación en el supuesto del art. 1037 CC, esto es, no procede colación de lo dejado en testamento salvo disposición en contrario del testador, debiendo entenderse que no se imputarán las donaciones en la legítima, pero no que se prescinda de ellas en el inventario general de bienes (computación) para imputarlas donde proceda.

La sentencia confirma la inoficiosidad de la donación efectuada a la Fundación y la consiguiente reducción del exceso (1.180.363 €) por no cubrir el relictum y el bien donado (óleo) los 2/3 de legítima que corresponden al hijo del causante, eso sí, sin obligación de restituir los frutos ex art. 654 CC.

Conforme al art 818.2 CC “al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará el de las donaciones colacionables”, interpretando “colacionables” no de modo técnico, sino en el sentido de incluir cualquier clase de donaciones, salvo las “no computables”, donaciones cuya valoración o estimación pecuniaria se hará según el estado físico del bien al tiempo de la donación (para evitar valorar mejoras introducidas y costeadas por el donatario) pero teniendo en cuenta el correspondiente al tiempo del avalúo de los bienes hereditarios. Se ha de atender al valor de lo donado al tiempo de su evaluación (frente al criterio del momento de la donación) imponiendo el art. 1045 CC un sistema ad valorem, que implica que no han de traerse a colación las cosas donadas sino su valoración al tiempo del avalúo.

La valoración al tiempo de la liquidación (de todos lo bienes) es por mandato del art. 847 CC que, para fijar la suma a abonar a hijos y descendientes, ordena atender al tiempo de liquidar su cuota, teniendo en cuenta los frutos o rentas producidos.

La fijación del sistema ad valorem del art. 1045 CC supone que no han de traerse a colación las mismas cosas donadas sino su valor y, si bien en la sentencia de instancia inicialmente dictada tal mandato no fue respetado al condenarse a traer bienes por un determinado importe, a posteriori fue subsanado por la vía de aclaración o corrección de sentencia, de modo que la sentencia de apelación entiende permitido que el reintegro sea por pago en metálico del valor y no de bienes, a determinar y concretar en ejecución de sentencia.

Matiza la sentencia de apelación que el art 841 CC, precepto que permite la adjudicación de bienes a alguno de los hijos o descendientes ordenando el pago en metálico a los demás legitimarios, no ha sido conculcado por inaplicable al caso pues no ha habido tal adjudicación a hijos o descendientes.

Con fundamento en tales criterios desestima los recursos de apelación interpuestos (a excepción del relativo a los contadores-partidores sobre imposición de costas) y mantiene el criterio de la resolución impugnada.

III.- Comentario de la Sentencia del TS de 02 de octubre de 2014 (Pte Salas Carceler).

Con carácter previo al análisis del contenido propiamente dicho de la Sentencia, cumple detenerse en la naturaleza de los recursos interpuestos. De un lado se formula Recurso Extraordinario por Infracción Procesal, fundado en motivos diversos y de otro se formula Recurso de Casación por infracción de preceptos de orden sustantivo.

Primero.- Recurso por infracción procesal.

Si bien dada la naturaleza de este recurso, relativo a vulneración de preceptos procesales, ello excedería del ámbito objetivo del presente comentario limitado a instituciones derecho civil sucesorio, lo cierto es que algunas cuestiones de índole procesal guardan relación, en sentido amplio, con tal materia.

Así, uno de los motivos aducidos fue la vulneración del art 782 de la LEC 1/2000 toda vez que se había planteado la controversia por los cauces del juicio declarativo ordinario. Dicho precepto, sito en sede de procedimiento de División de Herencia (Secc 1ª, Cap I, Tit II del Libro IV), no se entiende infringido por la sentencia. En tal sentido, el TS nos dice que “Es claro que, ante el testamento otorgado por el causante, su hijo no podía solicitar partición alguna pues se le había asignado un concreto bien para pago de su porción legítima, siendo por tanto la vía declarativa la adecuada para reclamar sus derechos hereditarios reconocidos por ley y solicitar el complemento de dicha legítima”


La sentencia, a mayor abundamiento para el rechazo del motivo, argumenta que “incluso el proceso especial de división de patrimonios hereditarios (arts. 782 y ss. LEC) finaliza, a falta de acuerdo, con la celebración de un juicio ordinario (artículo 787.5).”

A mi modesto entender, resulta dudoso que ello sea un argumento de refuerzo pues el hecho de que el art. 785.5 de la LEC, atendida la falta de eficacia de cosa juzgada de la sentencia que se dicte aprobando las operaciones divisorias, contemple la posibilidad de que los interesados puedan “hacer valer los derechos que crean corresponderles sobre los bienes adjudicados en el juicio ordinario que corresponda”, entiendo que no legitima para acudir directamente al declarativo a las partes ( coherederos o legatarios de parte alícuota) sin pasar antes por el juicio especial divisorio.

Otra de las vulneraciones denunciadas en el recurso era la del art. 12 de la LEC por entender la parte recurrente que se habría constituido incorrectamente la relación jurídico-procesal en el lado pasivo, ya que no habiendo mediado la partición de la herencia, tenía que haber sido vocada a juicio la herencia yacente y los representantes del caudal relicto.

El Alto Tribunal considera que el motivo carece de consistencia pues, al margen de citarse como infringida una norma que no es reguladora de la sentencia como el artículo 12 de la LEC (exigencia del artículo 469.1.2º LEC que da cobertura al motivo), “al estar presentes en el proceso todos los herederos interesados resulta impropio un llamamiento de la "herencia yacente", que habría de estar representada por ellos mismos, así como la llamada de "representante" alguno de la herencia, cuando han figurado en el litigio todos los interesados”.

Segundo.- Recurso de Casación.

Entrando en el análisis de la sentencia de casación en lo que a los “motivos de fondo o sustantivos” se refiere, es en los Fundamentos de Derecho Séptimo, Octavo y Noveno en los que se da respuesta a los mismos.

En el Fundamento Jurídico Séptimo se entra a valorar la alegada infracción del art 818 del Código Civil en relación con los artículos 1035 y siguientes del mismo Código. Como ha quedado señalado, el art 818 CC es el que determina el modo de cálculo de la legítima para lo cual debe adicionarse el valor del relictum y del donatum, con deducción de deudas y cargas (salvo las impuestas por testamento). En cuanto a los arts 1035 y ss son los relativos a la colación.

Uno de los argumento del motivo es que las pretensiones de la parte actora no pueden sostenerse sin la práctica previa de la partición con intervención de los contadores partidores designados en el testamento.

La respuesta del TS a tal planteamiento es que : “No obstante, según la voluntad del testador manifestada en su testamento ninguna partición procedía en cuanto que al único heredero legitimario -el demandante- se le había donado un bien que según el testador cubría sus derechos legitimarios y se instituía heredera universal a la demandada…, por lo que no se alcanza a comprender qué clase de partición testamentaria podía realizarse a partir de tales disposiciones, cuando precisamente el testador había procedido a una suerte de partición al asignar un bien concreto a su hijo en pago de su legítima”.

Continúa diciendo el Alto Tribunal que : “En consecuencia ninguna infracción puede haberse producido respecto del texto del artículo 818 del Código Civil que simplemente se refiere al cálculo de la legítima y en tal sentido ha sido aplicado

Respecto de los arts 1035 y ss concluye que han sido correctamente aplicados “puesto que, respecto de la colación, se ha tenido en cuenta el valor de lo donando previamente al demandante -heredero forzoso- para cuantificar el caudal hereditario y proceder en consecuencia a determinar si con tal atribución se cubrieron sus derechos.”

El Fundamento Octavo se ocupa, ab initio, de ventilar la posible infracción de los artículos 659, 661, 818 y 1082 del Código Civil.

En este punto la STS parte de que “de dichas normas se desprende que para calcular el caudal hereditario y por tanto el importe de la legítima de los herederos forzosos se ha de atender no sólo a los bienes y derechos que integran la herencia, sino también a sus obligaciones.”

Sobre las obligaciones de la herencia el TS considera que “La sentencia impugnada no lo desconoce sino que afirma de modo razonado (fundamento de derecho 6ª) que la existencia de tales obligaciones -en caso de existir- no era conocida por el demandante sino por los demandados y en consecuencia correspondía a ellos la carga de acreditar su existencia e importe para tenerlo en cuenta a la hora de calcular la legítima del heredero forzoso, sin que ninguna alegación y prueba se haya hecho sobre tales extremos.”

El anterior considerando, aún cuando no lo dice expresamente la sentencia, no es sino consecuencia de lo preceptuado en el art 217 de la LEC sobre distribución de la carga probatoria, que en éste caso competía a los demandados, así como sobre la disponibilidad y facilidad probatoria (217.7 LEC) que también recaería sobre éstos.

En segundo lugar se procede al estudio de la posible conculcación de los arts. 1045 y 1074 CC. En ese sentido se dice que “El tercero de los motivos denuncia la vulneración de lo dispuesto por los artículos 1045 y 1074 del Código Civil en cuanto prescriben que la valoración de los bienes y derechos del causante dejados a su fallecimiento, o de los donados en vida, se ha de hacer al tiempo de la partición o evaluación.”

Sobre el art 1045 CC dice el TS que “El artículo 1045 dispone que ha de traerse a colación el valor de las cosas al tiempo de evaluarse los bienes hereditarios. Pues bien si los demandados entendían que el valor de venta del bien objeto de la colación era en la actualidad mayor del consignado en la demanda, es lógico entender que era a ellos a quien correspondía la carga probatoria mediante una prueba pericial practicada al efecto, la cual no se ha realizado, por lo que no cabe imputar a la sentencia impugnada la infracción de que se trata.”

Nuevamente, y al igual que ocurría antes con la consideración de las cargas u obligaciones de la herencia, estamos en sede de onus probandi (217 LEC) más que en puridad una cuestión relativa al art. 1045 CC.

En cuanto al art 1074 del CC, que faculta la rescisión de la partición por lesión en más de la cuarta parte, atendido el valor de las cosas cuando fueron adjudicadas, la STS teniendo en cuenta el objeto del precepto desecha su infracción pues “Respecto del artículo 1074, que se refiere a la acción de rescisión por lesión, no se precisa adecuadamente la razón de su invocación cuando no se ha practicado previamente partición ni ejercido acción rescisoria alguna”.


Por último, el Fundamento Noveno se pronuncia primeramente sobre la infracción del artículo 841, en relación con los artículos 658 y 675, todos del Código Civil, aludiendo a la facultad de pago en metálico de la legítima que el testador había atribuido a los contadores partidores.

Como dice la sentencia “La denuncia de infracción de tales normas viene a significar que la sentencia impugnada, según entiende la parte recurrente, se ha apartado de la voluntad testamentaria del causante y no ha procedido a una adecuada interpretación de la misma.”

El TS refrenda que “la sucesión en nuestro derecho no concede al "de cuius" una absoluta libertad en cuanto a la disposición de sus bienes por vía de testamento y por ello, entre otros, el artículo 815 del Código Civil permite ejercer la acción de complemento de legítima en los casos en que el testador no ha respetado con su disposición los derechos de los legitimarios.”

Y matiza que “carece de sentido invocar el respeto de la voluntad del causante cuando la misma no ha sido respetuosa con la ley aplicable”.

Para finalizar el tratamiento de la queja relativa al respeto de la “voluntas testatoris” concluye que “carece de explicación la atribución expresa a los contadores partidores de la facultad de pago en metálico de la legítima cuando, según el testamento, la legítima ya había sido satisfecha al demandante mediante una donación. Por ello el motivo ha de ser desestimado.”

En segundo lugar entra a conocer sobre la alegada vulneración de los arts. 654 y 820 del texto civil.

Se esgrime en el recurso de casación, la infracción de los artículos 654 y 820 del Código Civil en relación con los pronunciamientos declarativo 5º y de condena 3º de la sentencia de primera instancia, confirmados por la dictada en apelación, por entender la parte recurrente que de los mismos no puede desprenderse un título atributivo directo a favor del legitimario.

Los citados pronunciamientos de la sentencia, que según los recurrentes vulneraban tales artículos consistían en la declaración de que la donación efectuada por el finado a la Fundación Camilo José Cela, (valor de 3.786.565 euros), es inoficiosa en cuanto excede de la cuota disponible por dicho causante, debiendo ser reducida en el exceso, esto es, en la cantidad de 1.180.363,25 euros. Ello conllevaba al pronunciamiento condenatorio a la Fundación Camilo José Cela a reintegrar al actor bienes donados a dicha Fundación por dicho causante por importe ascendente a1.180.363,25 euros (diferido a ejecución de sentencia donde se concretarán tales bienes a reintegrar).

Pues bien, a tal respecto el TS estima que “El artículo 654 dispone que las donaciones que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 636, sean inoficiosas computado el valor líquido de los bienes del donante al tiempo de su muerte, deberán ser reducidas en cuanto al exceso, lo cual implica, en principio, que tal exceso deba integrarse en el caudal hereditario para ser repartido entre todos los herederos forzosos, pero nada impide una declaración como la contenida en la sentencia que se impugna cuando se trata de un solo heredero forzoso pues en tal caso sólo en él ha de repercutir la reducción de las donaciones por su carácter inoficioso, sin que en nada afecte a ello lo dispuesto por el artículo 820 del mismo código que tampoco puede considerarse conculcado, siendo igualmente factible que tratándose de un solo donatario -sin que, por tanto, exista reducción a prorrata- la reducción se produzca mediante la reintegración de determinados bienes que hubieran sido objeto de donación.”

La consecuencia de todo los pronunciamientos analizados (y de aquellos que por materia no han sido tratados) es que el Alto Tribunal declara no haber lugar a los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 21 bis) de fecha 31 de mayo de 2012, la cual es confirmada, con expresa imposición de costas a los recurrentes.

Fdo: José Antonio González Pérez.

Abogado.

Colegiado nº 2742 ICAPONTEVEDRA

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