El apoderado de una sucursal bancaria se niega a facilitar certificado de deuda cero de un préstamo hipotecario cancelado. Dice el apoderado que o lo hacen ellos cobrando 600€ ( si lo hace el interesado como mucho puede llegar a los 250€ ), o no facilitan el mencionado documento y el apoderado no acudiría a la firma del notario, algo a lo que está obligado. ¿Podría estar el apoderado incurriendo en un presunto delito de coacciones?