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El régimen jurídico y el estatus profesional y laboral de los Magistrados Suplentes y de los Jueces Sustitutos, miembros interinos del Poder Judicial del Estado Español (Año Judicial 2013/2014)
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    Autor Javier Soto Abeledo   
    Ref. Autor    
    Fuente PorticoLegal   
    Fecha Artículo 22.12.2014   
    Areas Legales Administrativo, Constitucional   
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Desde 2005, venimos dando cuenta del régimen jurídico y de la situación profesional y laboral de los Magistrados Suplentes y de los Jueces Sustitutos –cuestiones en general bastante desconocidas, incluso dentro de los propios ámbitos del Poder Judicial y de la Administración de Justicia– en distintas obras [Consideraciones sobre la situación laboral de los Jueces Sustitutos y de los Magistrados Suplentes –cuyas sucesivas ediciones se publicaron entre 2005 y 2008–; La denominada «Justicia Interina»: los Magistrados Suplentes y los Jueces Sustitutos –publicada en 2008–; El régimen jurídico y la situación laboral y profesional de los Magistrados Suplentes y de los Jueces Sustitutos –con ediciones en 2008 y 2009–; El régimen jurídico y la situación laboral y profesional de los Magistrados Suplentes y de los Jueces Sustitutos en España (Año Judicial 2009/2010) –editada en sendas ocasiones en 2010–; El régimen jurídico y el estatus profesional y laboral de los Magistrados Suplentes y de los Jueces Sustitutos, miembros interinos del Poder Judicial del Estado Español (Año Judicial 2010/2011) –publicada en 2011–; El régimen jurídico y el estatus profesional y laboral de los Magistrados Suplentes y de los Jueces Sustitutos, miembros interinos del Poder Judicial del Estado Español (Año Judicial 2011/2012) –publicada en 2012–; y El régimen jurídico y el estatus profesional y laboral de los Magistrados Suplentes y de los Jueces Sustitutos, miembros interinos del Poder Judicial del Estado Español (Año Judicial 2012/2013) –publicada en 2013–], cuyo contenido, ampliado y actualizado, tanto a nivel normativo como jurisprudencial, estadístico y bibliográfico, se recoge en ésta, al tiempo que esperábamos que se abordase la ineludible solución de los numerosos y graves problemas que afectan a este Colectivo –que han generado una considerable litigiosidad, resuelta de forma prácticamente constante a su favor–, a fin de evitar que se produjeran situaciones que no fuesen acordes con los principios del Estado social y democrático de Derecho en que, según el artículo 1.1 de la Constitución, se constituye España. Pero lo cierto es que, lamentablemente, los deseables cambios no se han producido, y si bien queremos seguir confiando en que puedan tener lugar a medio plazo, lo cual es especialmente importante en la compleja coyuntura actual, de momento, parece que lo único que se continúa planteando el Ministerio de Justicia es “posibilitar que en la práctica totalidad de los casos las resoluciones judiciales sean dictadas por miembros integrantes de la Carrera Judicial y que la actuación de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes sea excepcional, ante circunstancias de necesidad acreditada y motivada […]”, como se manifiesta en el párrafo segundo del apartado I del Preámbulo de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 28 de diciembre de 2012); a lo que hay que decir que la intervención de dichos profesionales interinos siempre ha obedecido a “circunstancias de necesidad acreditada y motivada”, que persisten, como se reitera en esta obra, por lo que no es previsible que la pretendida reforma –cuestionada duramente de forma prácticamente unánime por los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, por sus Asociaciones y por las Asociaciones de Magistrados Suplentes y Jueces Sustitutos– alcance el fin propuesto, y entre tanto, la limitación de los llamamientos de estos profesionales, derivada de la aplicación de la citada Ley Orgánica, está agravando el notable deterioro de una Administración de Justicia al borde del colapso, cada vez más lenta e ineficaz.

Y la conclusión a la que llegamos ya en un primer momento, y que se mantiene tras el paso del tiempo, es que resulta evidente la necesidad ineludible y perentoria de que se elabore un Estatuto de los Magistrados Suplentes y de los Jueces Sustitutos en el que, entre otros extremos, se contemple su formación continuada, la dotación de los medios materiales necesarios para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, el derecho constitucional de asociación profesional, un salario mensual justo durante todo el tiempo del nombramiento –en atención a la dignidad inherente a esa función, a su disponibilidad permanente y al régimen de incompatibilidades que les resulta aplicable, que es el establecido para los Titulares en los artículos 389 a 397 LOPJ–, que comprenda la retribución de la antigüedad y de los gastos por razón de servicio que, en su caso, les correspondan, así como el alta en el Régimen General de la Seguridad Social y la consiguiente cotización al mismo por idéntico período (lo que evitaría el que, como ocurre con lamentable frecuencia en la actualidad, se vean privados del derecho a las prestaciones de dicho Régimen, incluida la asistencia sanitaria), y un medio de acceso específico y directo a la Carrera Judicial para ellos, siendo inadecuado e insuficiente a tal efecto el denominado «Cuarto Turno» –creado para acceder a dicha Carrera Judicial por la categoría de Magistrado–, especialmente tras las modificaciones introducidas por el Acuerdo de 25 de julio de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (BOE de 24 de septiembre de 2013).

Por otra parte, al completar esta obra con una reseña de algunas de las más significativas normas que desde comienzos del siglo XIX han venido regulando la materia que nos ocupa, hemos visto como los Magistrados y Jueces Interinos, ya sea con esas denominaciones o con las de Magistrados Suplentes, Magistrados Supernumerarios (similares a los actuales Eméritos) o Jueces Sustitutos, han sido una constante histórica, tanto en España como en los Territorios de Ultramar o en la Zona del Protectorado Español en Marruecos, han gozado de alto reconocimiento, valorándose las funciones ejercidas por ellos como un mérito especial en su Carrera, han recibido su correspondiente salario y, al margen de ello, se les ha computado todo o parte del tiempo de nombramiento a efectos de sus derechos pasivos.
 
   
 
     


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