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Comentarios a los Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 21 de marzo, 8 de abril y 26 de septiembre de 2018, por los que se convocan plazas de Magistrado Suplente y de Juez Sustituto para el Año Judicial 2018/2019
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    Autor Javier Soto Abeledo   
    Ref. Autor    
    Fuente PorticoLegal   
    Fecha Artículo 10.01.2019   
    Areas Legales Constitucional, Administrativo   
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En España, el número de Magistrados y Jueces Titulares está muy por debajo de lo necesario para que pueda impartirse una Justicia con la indispensable y necesaria calidad técnica, que garantice la seguridad jurídica propia de un País que pretende constituirse “en un Estado social y democrático de Derecho” –según reza el artículo 1.1 de la Constitución Española–, sin errores ni funcionamientos anómalos de difícil cuando no imposible reparación, y dentro de unos márgenes de tiempo que permitan hacer eficaces los derechos de los ciudadanos reconocidos en las resoluciones judiciales.

Esta carencia histórica de la Justicia española ha llevado desde muy antiguo al recurso a los Magistrados Suplentes y Jueces Sustitutos, escogidos mediante un procedimiento cuya legalidad entendemos que no respeta el baremo de méritos introducido por el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 3 de marzo de 2015 (BOE de 6 de marzo de 2015), y por el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 27 de marzo de 2015 (BOE de 6 de abril de 2015), por el que se convocan plazas de Magistrado Suplente y de Juez Sustituto para el año judicial 2015/2016, que se mantiene en los Acuerdos de dicha Comisión Permanente de 21 de marzo de 2018 (BOE de 26 de marzo de 2018), 8 de abril de 2018 (BOE de 13 de abril de 2018) y 26 de septiembre de 2016 (BOE de 10 de octubre de 2018), correspondientes a las convocatorias para el año judicial 2018/2019.

El grupo mayoritario de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes no está dedicado a la docencia o únicamente trabajan en ella a tiempo parcial, son llamados de vez en cuando para realizar asistencias semanales en Órganos Jurisdiccionales, y sólo se les certifican como trabajados los días de llamamientos, únicos por los que son dados alta en el Régimen General de la Seguridad Social y se cotiza a éste y perciben un salario. Viven, pues, en la precariedad laboral y material, sin derecho a las prestaciones por desempleo, incapacidad temporal y maternidad, e incluso, temporalmente, a la asistencia sanitaria, subsistiendo gracias al apoyo de sus familias, de las que dependen; y esa misma precariedad ha motivado en buena medida el que no hayan podido defender sus derechos adecuadamente en ningún ámbito. Tienen una media de edad, sin distinción de sexos, de 50,7 años, sus posibilidades de acceder a otro empleo son remotas, y los que se encuentran en esta situación laboral, salvo que consigan el reconocimiento con carácter retroactivo de un salario mensual justo durante todo el tiempo del respectivo nombramiento, que garantice su independencia económica, y el derecho al alta en el Régimen General de la Seguridad Social y a la consiguiente cotización al mismo por idéntico período, tampoco tendrán derecho a una pensión contributiva, por lo que, si no quieren verse en la indigencia a la que actualmente están abocados, todos sus esfuerzos individuales y colectivos –especialmente ante los Tribunales–, con una solidaridad de cuya falta han adolecido, deberían ir orientados, con mucho retraso, al logro de aquellos fines, para lo cual también resulta imprescindible el apoyo del resto de la sociedad, del que han carecido.

Por otra parte, hasta el propio Consejo General del Poder Judicial ha cuestionado la constitucionalidad de estas Figuras, y consideramos que de la interpretación sistemática de las normas del Título VI de la Constitución Española resulta que los Magistrados Suplentes y los Jueces Sustitutos deberían pertenecer a la Carrera Judicial, para ingresar a la cual no cuentan con ningún proceso de selección específico, siendo inadecuado e insuficiente a tal efecto el sistema de acceso a dicha Carrera por la categoría de Magistrado para Juristas de reconocida competencia.

Desde la perspectiva de esta controvertida constitucionalidad, adquieren singular importancia las irregularidades consistentes en no publicar en el Boletín Oficial del Estado los Acuerdos de prórroga de los nombramientos de los Magistrados Suplentes y de los Jueces Sustitutos y en no expedir dichos nombramientos.

Y no menos importancia tiene el que se respeten las exigencias legales atinentes a los plazos, forma y Órganos ante los cuales los Magistrados Suplentes y los Jueces Sustitutos deben prestar el juramento o promesa y tomar posesión de sus Cargos, pues cualquier infracción al respecto determina la nulidad de pleno Derecho de dichos actos públicos y, consiguientemente, la de los nombramientos a los que se refieran, así como la cualquier actuación jurisdiccional posterior de las personas afectadas.
 
   
 
     


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