¿Qué es un proceso judicial?

I. INTRODUCCIÓN

El proceso judicial es un conjunto de procedimientos y roles interrelacionados para decidir disputas por una persona o personas autorizadas cuyas decisiones se obedecen regularmente. Las disputas se decidirán de acuerdo con un conjunto de procedimientos previamente acordados y de conformidad con las reglas prescritas (ver más información en este sitio web). Como un incidente, o consecuencia, de su función de resolución de disputas, aquellos que deciden hacen declaraciones autorizadas de cómo se aplicarán las reglas, y estas declaraciones tienen un impacto prospectivo generalizado en el comportamiento de muchos además de las partes inmediatas de la disputa. Por lo tanto, el proceso judicial es tanto un medio para resolver disputas entre personas identificables y específicas como un proceso para formular políticas públicas.  https://www.tatcheadvocats.org/

Desarrollo del concepto 

Durante siglos cientos de escritores en miles de artículos y libros han tratado de determinar cuál es la esencia del proceso judicial o adjudicativo, qué lo distingue de los procesos legislativo y administrativo. Durante los últimos siglos este ejercicio de taxonomía política ha cobrado especial urgencia y preocupación normativa. Porque bajo la doctrina de la separación de poderes, se volvió impropio que las legislaturas participaran en el proceso judicial —por ejemplo, la emisión de proyectos de ley de prosecución— o que los jueces asumieran funciones que se pensaba que estaban dentro del alcance del proceso legislativo.
La doctrina clásica de la separación de poderes dividió el mundo de la actividad política en las tres divisiones familiares basadas tanto en lo que se pensaba que era el comportamiento de los actores políticos como en lo que se pensaba que eran los requisitos para el mantenimiento de la libertad. Al poder judicial se le asignó la función de aplicar las leyes que los hacedores de la constitución y las legislaturas habían creado y que los administradores hacían cumplir.

Hoy, los analistas políticos han abandonado estas categorías en favor de un continuo. En un polo está el proceso legislativo de elaboración de la ley (formulación de normas) y en el otro los procesos administrativos y judiciales de administración o aplicación de la ley (individualización de la norma). (Estas categorías son analíticas, y las actividades no necesariamente son realizadas por agencias con las etiquetas correspondientes). En cuanto a la distinción entre lo administrativo y lo judicial, algunos escritores, como Hans Kelsen y Otto Kirchheimer, insisten en que estos procesos no pueden distinguirse funcional ni funcionalmente. que es más o menos un accidente histórico si algunas disputas se asignan a lo que se conoce como tribunales mientras que otras se asignan a lo que se conoce como agencias administrativas. Otros, como Roscoe Pound, insisten en que la diferencia surge del hecho de que los administradores no están obligados a tomar sus decisiones siguiendo procedimientos prescritos o de acuerdo con doctrinas legales. La administración es vista por estos escritores como poder y discreción, mientras que la adjudicación es racional y controlada. La disputa aquí no es más que una faceta de una discusión siempre recurrente a la que volveremos más adelante.

De acuerdo con lo que se denomina la teoría "mecánica", "tragamonedas", "fotográfica", "formalista", "conceptual" u "ortodoxa" del proceso judicial, los jueces, como los médicos o los científicos, son técnicos capacitados que aplicar su conocimiento especializado para descubrir respuestas a disputas legales. Juzgar debe distinguirse claramente de la política. Las fuerzas políticas determinan cuáles son las reglas; el juez se limita a aplicar las reglas dadas a los hechos. Si los jueces se encuentran con una situación nueva para la cual no existe una regla acordada, mediante un proceso de analogía y lógica descubren qué regla debe aplicarse; en esta medida, y sólo en esta medida, puede decirse que crean reglas. Algunos comentaristas incluso han ido más allá: para ellos el proceso judicial es un mundo autónomo con su propia dinámica y está totalmente divorciado del sistema político. E incluso aquellos que reconocen que las normas legales y las decisiones judiciales están relacionadas con la comunidad política insisten en que los jueces y la ley que aplican son neutrales entre los intereses contrapuestos dentro de la comunidad. El juez es un portavoz de los valores más perdurables de la sociedad, no simplemente de los deseos de quienes la gobiernan en ese momento. Como lo expresó el célebre abogado inglés Sir Carleton Kemp Allen: no meramente los deseos de aquellos que por el momento lo gobiernan. Como lo expresó el célebre abogado inglés Sir Carleton Kemp Allen: no meramente los deseos de aquellos que por el momento lo gobiernan. Como lo expresó el célebre abogado inglés Sir Carleton Kemp Allen:
Nuestro derecho ha tenido sus vicisitudes políticas, y en ciertos períodos de su historia ha estado amenazado de degradarse a instrumento de gobierno; de hecho, podría haber sufrido ese triste destino si no hubiera sido por la resistencia de hombres como Sir Edward Coke . Pero hoy no hay nada más repulsivo para el instinto legal anglosajón que la corrupción de la ley por la “ideología” política. (Allen [1927] 1964, pág. 56)
 

Crítica de los realistas

Esta concepción formalista del proceso judicial siempre ha sido cuestionada. Pero a partir de finales del siglo pasado, y con gran celo en este siglo, ha habido una creciente crítica de ella. El ataque ha venido de muchas fuentes y de muchos escritores diferentes. Los escépticos representan una amplia variedad de diferentes tipos de análisis, muchos de los cuales se contradicen entre sí, y es difícil presentar los puntos de vista de los escépticos como un todo consistente. A menudo se agrupan bajo la etiqueta de "realistas legales", aunque a veces esta denominación se reserva para un número menor de escritores estadounidenses de las décadas de 1920 y 1930. Usando el término “realistas” en su sentido más amplio para incluir a todos los escépticos del análisis tradicional, podemos mencionar tres de las principales afirmaciones:

El punto aquí, y al respecto sigue habiendo mucha confusión, no es que no haya reglas legales o que siempre haya incertidumbre en cuanto a lo que exige la ley. El escepticismo se relaciona con la medida en que las reglas determinan las decisiones judiciales. Hay reglas, por ejemplo, que confieren jurisdicción a los tribunales y otorgan autoridad a sus decisiones. Leyes claramente entendidas gobiernan la gran mayoría de las transacciones humanas; la mayoría de los hombres saben lo que deben hacer si desean que los contratos que hacen sean válidos y ejecutables por los tribunales. La mayoría de los conflictos legales no dan lugar a litigios, ya que la ley proporciona respuestas relativamente precisas a la mayoría de las preguntas sin necesidad de llevar el asunto ante un juez. Además, muchas veces al juez no se le pregunta qué regla debe aplicarse sino qué pasó, es decir, que determine quién hizo qué a quién. Y en otras instancias, especialmente a nivel de juicio, la función del juez es legitimar una transacción aplicando una regla sobre la cual no hay controversia. Es probable que ningún juez tome una decisión en tal caso contraria a la regla ampliamente aceptada; si lo hiciera, su decisión no sobreviviría mucho tiempo y sería desenmascarado como un incompetente. En este sentido no tiene discrecionalidad, y la regla sí da una pauta.

Sin embargo, cuando un juez debe resolver un conflicto y existe una disputa sobre qué regla debe aplicarse, la explicación tradicional del proceso judicial es engañosa. De acuerdo con esta explicación, los jueces buscan precedentes anteriores o constituciones, estatutos o códigos y encuentran la regla adecuada para resolver la disputa. Pero hay precedentes contradictorios y una variedad infinita de situaciones fácticas a las que se pueden aplicar los precedentes inciertos. Las constituciones, los estatutos y los códigos tampoco brindan ciertas pautas. “Gran parte de la jurisprudencia de este siglo ha consistido en la realización progresiva (y a veces la exageración) del importante hecho de que la distinción entre las incertidumbres de la comunicación por ejemplo autorizado (precedente),