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Ley violencia género
Demagogia con las mujeres
FALTANDO casi tres meses para que termine el año, el número de mujeres muertas por sus parejas en 2006 es ya similar al de todo 2005, lo que demuestra que la tragedia de la violencia doméstica parece no tener control, pese a la plena vigencia de la ley integral para la protección de las mujeres, aprobada en diciembre de 2004. Sin duda, el Gobierno socialista no es responsable de estas muertes, ni los jueces, ni los fiscales. Sólo aquéllos que matan a sus parejas y, por omisión, quienes silencian los malos tratos, que en muchas ocasiones preceden al homicidio. Pero el Gobierno sí es responsable políticamente de haber alimentado expectativas que, desde el primer momento, eran inviables; de haber hecho demagogia con el sufrimiento de miles de mujeres, apoyándose en la afinidad ideológica de la mayoría de las asociaciones feministas, hoy escandalosamente mudas a pesar de que la tragedia no cesa; y de haber hecho creer, por ejemplo, que una ley que castiga más al hombre que a la mujer, sólo por razón de su sexo, iba a proteger más a las mujeres.
Los resultados son realmente malos, pero el efecto de la propaganda ha sido tan eficaz que está tapando la dimensión del fracaso: en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de julio, sólo el 1,6 por ciento de los encuestados consideraba que este tipo de violencia era un problema principal de España. Así es cómo, gracias a una estrategia de pura propaganda, las mujeres víctimas de la violencia de sus parejas han ganado una ley ineficaz y, en paralelo, han perdido el respaldo de la sociedad.
Pero el problema existe y se agrava. El ministro Caldera, cosechando otro fiasco -y, por elevación, todo el Gobierno-, buscó la foto fácil y el aplauso general con una ley probablemente inconstitucional (basta contabilizar todas las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por tribunales penales) y totalmente condicionada a una política de gestión y de financiación que no se ha producido. Se ha confiado exclusivamente en el efecto disuasorio de la sanción penal, con unos juzgados especiales ya saturados y unos mecanismos procesales excepcionales -como la orden de protección inmediata- a los que se acude en ocasiones para fines ajenos al amparo frente al maltrato. Tampoco se ha atendido como era debido la dotación de sistemas administrativos de asistencia a las víctimas, ni la coordinación entre administraciones públicas. No se ha buscado la implicación de familiares y vecinos en la denuncia de los malos tratos -verdaderos encubridores, en muchos casos, de estas agresiones- y se ha provocado un abuso de medidas cautelares penales más para tranquilidad de los jueces que por exigencia del principio de proporcionalidad. Lamentablemente, se ha convertido en costumbre que este Gobierno siempre confíe en que se le juzgue más por la eficacia de su propaganda que por la calidad de sus resultados. Lamentablemente, hoy ya hay tantas víctimas como el año pasado.
ABC 14OCT06
FALTANDO casi tres meses para que termine el año, el número de mujeres muertas por sus parejas en 2006 es ya similar al de todo 2005, lo que demuestra que la tragedia de la violencia doméstica parece no tener control, pese a la plena vigencia de la ley integral para la protección de las mujeres, aprobada en diciembre de 2004. Sin duda, el Gobierno socialista no es responsable de estas muertes, ni los jueces, ni los fiscales. Sólo aquéllos que matan a sus parejas y, por omisión, quienes silencian los malos tratos, que en muchas ocasiones preceden al homicidio. Pero el Gobierno sí es responsable políticamente de haber alimentado expectativas que, desde el primer momento, eran inviables; de haber hecho demagogia con el sufrimiento de miles de mujeres, apoyándose en la afinidad ideológica de la mayoría de las asociaciones feministas, hoy escandalosamente mudas a pesar de que la tragedia no cesa; y de haber hecho creer, por ejemplo, que una ley que castiga más al hombre que a la mujer, sólo por razón de su sexo, iba a proteger más a las mujeres.
Los resultados son realmente malos, pero el efecto de la propaganda ha sido tan eficaz que está tapando la dimensión del fracaso: en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de julio, sólo el 1,6 por ciento de los encuestados consideraba que este tipo de violencia era un problema principal de España. Así es cómo, gracias a una estrategia de pura propaganda, las mujeres víctimas de la violencia de sus parejas han ganado una ley ineficaz y, en paralelo, han perdido el respaldo de la sociedad.
Pero el problema existe y se agrava. El ministro Caldera, cosechando otro fiasco -y, por elevación, todo el Gobierno-, buscó la foto fácil y el aplauso general con una ley probablemente inconstitucional (basta contabilizar todas las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por tribunales penales) y totalmente condicionada a una política de gestión y de financiación que no se ha producido. Se ha confiado exclusivamente en el efecto disuasorio de la sanción penal, con unos juzgados especiales ya saturados y unos mecanismos procesales excepcionales -como la orden de protección inmediata- a los que se acude en ocasiones para fines ajenos al amparo frente al maltrato. Tampoco se ha atendido como era debido la dotación de sistemas administrativos de asistencia a las víctimas, ni la coordinación entre administraciones públicas. No se ha buscado la implicación de familiares y vecinos en la denuncia de los malos tratos -verdaderos encubridores, en muchos casos, de estas agresiones- y se ha provocado un abuso de medidas cautelares penales más para tranquilidad de los jueces que por exigencia del principio de proporcionalidad. Lamentablemente, se ha convertido en costumbre que este Gobierno siempre confíe en que se le juzgue más por la eficacia de su propaganda que por la calidad de sus resultados. Lamentablemente, hoy ya hay tantas víctimas como el año pasado.
ABC 14OCT06
